Tras varios días de bloqueos carreteros y protestas en el corazón agrícola del país, el Gobierno de México alcanzó un acuerdo con los productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, lo que permitió liberar las rutas del Bajío y restablecer la circulación desde la madrugada del martes.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, confirmó en la conferencia matutina del 29 de octubre que el entendimiento se logró a las 2:00 a.m., tras una negociación directa con los liderazgos locales y el acompañamiento de los gobiernos estatales.

"Este resultado fue posible gracias a semanas de coordinación estrecha entre el Gobierno federal y los gobiernos de los estados", afirmó Berdegué. "Había un malestar creciente por la caída de precios internacionales del maíz y por los elevados costos de producción. El objetivo era dar una respuesta inmediata y estructural al problema".

Crisis de precios y sobreoferta global

El secretario explicó que el mercado internacional atraviesa una sobreoferta récord de casi 1.300 millones de toneladas de maíz, lo que ha provocado una caída del 21% en el precio global en lo que va del año. En México, la tonelada ronda actualmente los 4.850 pesos, un nivel que no cubre los costos de producción de miles de agricultores medianos y pequeños.

"México no será la excepción: se espera una cosecha muy alta en el ciclo primavera-verano, incluso el doble que el año pasado", señaló el funcionario, quien destacó que el país enfrenta el reto de colocar en el mercado interno un volumen sin precedentes de maíz blanco.

Los puntos del acuerdo

El pacto entre el Gobierno federal y los productores incluye tres medidas centrales para estabilizar el mercado y garantizar rentabilidad:

1. Apoyo directo por tonelada:
Se otorgará un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz a productores con hasta 20 hectáreas. El programa beneficiará a unos 90.000 agricultores del Bajío y cubrirá hasta un millón de toneladas, con un tope de 200 toneladas por productor.

2. Ampliación del programa Cosechando Soberanías:
Este esquema de crédito y seguro agropecuario -antes limitado a beneficiarios de programas sociales- se extiende ahora a los productores de maíz. Ofrece una tasa preferencial de 8.5% anual y cobertura frente a sequías, inundaciones y plagas.

3. Creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz:
Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, este nuevo organismo establecerá precios de referencia y reglas claras de comercialización, promoverá acuerdos directos entre productores e industria y contará con sustento jurídico y transparencia operativa.

Normalización del tránsito y reacciones del campo

Con la firma del acuerdo, los bloqueos carreteros en Jalisco, Guanajuato y Michoacán comenzaron a levantarse en las primeras horas del martes. El tránsito sobre las principales autopistas del Bajío se restablecía de manera gradual a lo largo de la jornada.

Los líderes agrícolas manifestaron su respaldo al compromiso presidencial y destacaron la disposición del Gobierno a "escuchar y corregir". También confirmaron la instalación de mesas de diálogo permanentes entre productores, industria y autoridades, con el objetivo de definir precios justos y priorizar la compra de la cosecha nacional.

"El acuerdo fue bien recibido porque hay un compromiso claro del Ejecutivo de proteger al productor nacional", señaló José Luis Aguilar, dirigente de una de las organizaciones maiceras de Guanajuato. "Ahora el reto será garantizar que los apoyos lleguen a tiempo y que la industria cumpla con los precios base acordados".

El maíz, eje estratégico del nuevo modelo agrícola

El secretario Berdegué subrayó que el maíz seguirá siendo el eje de la política agrícola mexicana, no solo por su peso económico, sino también por su valor cultural y alimentario. "Nuestra meta es lograr soberanía alimentaria con justicia para el productor, sin depender de los precios internacionales", enfatizó.

El funcionario también adelantó que la Secretaría de Hacienda destinará recursos adicionales para sostener el programa durante el próximo ciclo agrícola, mientras que Segalmex y la banca de desarrollo participarán en la financiación y compra directa de cosechas.

En paralelo, la industria molinera y de alimentos procesados acordó mejorar los precios base ofrecidos al productor y dar prioridad a los granos nacionales antes de recurrir a importaciones.

Un alivio temporal en un mercado global incierto

Aunque el acuerdo representa un respiro, los productores advierten que el problema de fondo sigue siendo la volatilidad de los precios internacionales. México produce más de 28 millones de toneladas de maíz al año, pero aún importa cerca de 17 millones, principalmente de Estados Unidos, a precios que fluctúan según los vaivenes del mercado de Chicago.

El nuevo esquema de ordenamiento busca precisamente proteger a los agricultores frente a esas distorsiones externas, mientras se promueve mayor valor agregado local y cadenas de comercialización justas.

Por ahora, el campo mexicano vuelve a la calma, aunque la tensión persiste: la próxima cosecha será una prueba clave para el compromiso del Gobierno y la sostenibilidad del modelo agrícola nacional.