Productores, legisladores y especialistas del sector hídrico coincidieron en que la iniciativa presidencial para expedir la nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) requiere ajustes de fondo para garantizar certeza jurídica a quienes utilizan el recurso para actividades agrícolas y productivas en todo el país.

Durante el inicio de las audiencias públicas realizadas el 18 de noviembre en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, los participantes marcaron distancia respecto a varios puntos de la propuesta del Ejecutivo, especialmente aquellos que prohíben la transmisión de derechos de concesión y reducen facultades de los Organismos de Cuenca.

Uno de los reclamos centrales fue mantener la posibilidad de heredar o transferir derechos de uso del agua a familiares directos o a personas morales, ya que -según argumentaron productores y especialistas- impedir esas transmisiones dejaría en riesgo patrimonial a más de 30 mil usuarios con pozos registrados. También se pidió ampliar los plazos de solicitud de prórroga y reconocer a los pozos pecuarios como uso de prioridad social y seguridad rural.

Desde Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas se expresaron preocupaciones por la eventual inconstitucionalidad de varios artículos, al considerar que la iniciativa podría violar principios de legalidad e indefensión. Legisladores como Margarita Corro Mendoza y Nancy Guadalupe Sánchez señalaron que la prohibición absoluta de transmisiones afectaría principalmente a personas adultas mayores, viudas y pequeños productores, por lo que pidieron excepciones y reglas claras.

Desde el sector técnico y jurídico, especialistas como Franco Lammoglia Ordiales advirtieron que, si bien limitar las transmisiones puede combatir el mercado negro del agua, también afecta la continuidad operativa de industrias y unidades productivas que dependen del recurso como insumo estratégico.

El rol de los Organismos de Cuenca fue otro de los puntos sensibles. Representantes ejidales y exfuncionarios de Conagua, entre ellos José Luis Luege Tamargo, reclamaron que la iniciativa recentralice decisiones en oficinas federales, lo que podría reducir transparencia y eficiencia. Propusieron mantener la facultad de que los títulos de concesión y permisos sigan siendo otorgados a través de los 13 organismos regionales, más cercanos a la realidad de cada acuífero.

Desde el sector empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Concamin pidieron que la ley contemple incentivos para producir más alimentos con menos agua, reglas claras para la reasignación de volúmenes recuperados, transparencia en emisiones de títulos y respeto a los derechos adquiridos. También sugirieron promover el reúso de aguas residuales tratadas, tema en el que especialistas y organizaciones como Centinelas del Agua A.C. insistieron en avanzar hacia un marco regulatorio moderno que permita su utilización segura.

Académicas como Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, destacaron que los estados deben mantener facultades para regular el reúso de aguas tratadas en su territorio, en línea con las normas oficiales.

Las audiencias continuarán en los próximos días con el objetivo de incorporar estas observaciones antes de la dictaminación final en el Legislativo.