México entra en la fase más delicada de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), un proceso que originalmente debía ser una revisión rutinaria, pero que se ha transformado en un escenario de tensiones crecientes. El gobierno de Donald Trump presentó un informe con más de 50 barreras comerciales que, según Washington, obstaculizan el acceso al mercado mexicano.

Los temas son diversos: políticas energéticas favorables a Pemex y la CFE, retrasos en la autorización de permisos sanitarios, opacidad en trámites aduaneros y un endurecimiento de reglas en pagos electrónicos, telecomunicaciones y propiedad intelectual. A esto se suman cuestiones agrícolas, como las restricciones fitosanitarias, que han generado roces frecuentes en los últimos años.

De acuerdo con la normativa del TMEC, este otoño deben comenzar las consultas públicas en los tres países, con participación de sectores industriales y empresariales. Hacia octubre está prevista una audiencia conjunta, y el momento clave llegará el 1 de julio de 2026, fecha en la que se decidirá si el tratado se extiende por 16 años más o, en caso contrario, se fija su caducidad en 2036.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya adelantó que su gobierno analizará cada punto con detalle y no aceptará cambios que afecten la soberanía o el equilibrio del acuerdo. "Se revisará punto por punto, defendiendo los intereses de México", afirmó tras la visita a la Ciudad de México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el equipo negociador trabaja desde septiembre en una estrategia para enfrentar los reclamos. Analistas advierten que un manejo inadecuado podría desembocar en una guerra comercial, aunque también ven disposición de las partes a buscar salidas.

México, por su parte, evalúa imponer aranceles a productos provenientes de países extrarregionales, como China, medida que podría reforzar su posición y alinear intereses con Estados Unidos en la defensa del mercado norteamericano.

El economista Héctor Magaña, del Tecnológico de Monterrey, señaló que las implicaciones son profundas: "Está en juego la continuidad y la modernización del principal acuerdo comercial de la región". Recordó que las quejas de Washington se concentran en sectores estratégicos ligados a las políticas del actual gobierno, especialmente energía, agricultura y servicios financieros.

En 2024, México registró un déficit comercial histórico con Estados Unidos de 172.000 millones de dólares, cifra que Trump ha utilizado como argumento para endurecer su postura. Además, el presidente republicano ha vinculado las negociaciones con otros temas sensibles como la migración y la seguridad en la frontera, lo que añade un componente político al debate comercial.

El TMEC ha servido como escudo parcial frente a las políticas arancelarias de Washington, pero no todos los sectores han quedado protegidos. Productos como acero, aluminio y vehículos siguen enfrentando aranceles de hasta 25 %, lo que muestra tanto la relevancia del tratado como la fragilidad de su cumplimiento.

El desafío para México será equilibrar una defensa firme de sus políticas nacionales con la necesidad de preservar el acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Con 90 días de plazo para evitar la imposición de aranceles, el gobierno de Sheinbaum deberá desplegar una estrategia pragmática, pero al mismo tiempo mantener la narrativa de soberanía que caracteriza a la Cuarta Transformación.

La renegociación del TMEC se perfila, así, como un punto de inflexión para la economía mexicana y la integración regional en Norteamérica. El desenlace marcará no solo el rumbo de las exportaciones y la inversión, sino también la capacidad de los tres países de sostener un marco de cooperación en un contexto global cada vez más fragmentado.