En un entorno de alta volatilidad económica, agravado por el cambio climático, las tensiones geopolíticas y la desaceleración del comercio global, las mipymes de América Latina son particularmente vulnerables. A pesar de ser responsables de generar aproximadamente el 60% del empleo en la región, estas unidades productivas continúan operando con altos niveles de informalidad, baja productividad y limitada planificación financiera, lo que reduce su capacidad de adaptación y crecimiento.

En países como México, solo la mitad de los negocios realiza presupuestos mensuales de ingresos y egresos, y apenas un 5% contempla un plan de contingencia anual. Esta fragilidad estructural se acentúa en los emprendimientos unipersonales, muchos de los cuales carecen de métricas básicas de gestión como el flujo de caja proyectado, esencial para anticiparse a desequilibrios financieros.

Expertos advierten que, en tiempos de incertidumbre, es crucial para estas empresas adoptar una lógica de resiliencia operativa, con foco en lo que el autor Nassim Taleb define como "antifragilidad": la capacidad de fortalecerse a partir del caos. Esto implica no solo medir indicadores clave, sino también desarrollar herramientas de previsibilidad, como simulaciones de escenarios, automatización de procesos y planificación estratégica.

Hoy existen plataformas tecnológicas accesibles, incluidas soluciones con inteligencia artificial como ChatGPT, que permiten a las mipymes elaborar presupuestos, automatizar tareas administrativas y mejorar la relación con proveedores y clientes. Fintechs como Xepelin en México, así como organizaciones como Pro Mujer o programas de microcrédito especializado como los que ofrece Tuiio (Banco Santander), proporcionan plantillas, capacitación y financiamiento con enfoque inclusivo, ampliando el acceso a herramientas de gestión empresarial.

La inclusión financiera sigue siendo una deuda pendiente. En países como Perú, apenas el 28% de las mipymes accedía al sistema financiero formal en 2024; en Colombia, la tasa de penetración crediticia ronda el 20%. Esto obliga a muchas empresas a recurrir a esquemas informales como el gota a gota, con costos exorbitantes y riesgos asociados a la extorsión y la inseguridad jurídica. Por eso, avanzar hacia un sistema de financiamiento sostenible, con tasas razonables, acompañamiento técnico y educación financiera, es una condición necesaria para el desarrollo del sector.

Además de una buena gestión interna, las pequeñas empresas necesitan comprender su ecosistema productivo. Evaluar con claridad las relaciones con clientes, proveedores y stakeholders, identificar riesgos comerciales como la exposición a aranceles internacionales o la dependencia de contratos volátiles, y participar en redes de cooperación empresarial son estrategias clave para fortalecer su posición en las cadenas de valor.

La coyuntura regional presenta un escenario mixto: mientras Brasil crecerá un 1,8% y México enfrentará un estancamiento cercano al 0,2%, países como Argentina o Guayana proyectan expansiones superiores al 5%. Esta heterogeneidad obliga a las mipymes a diseñar estrategias adaptadas a sus realidades locales, pero con visión regional. En un contexto de guerra arancelaria y reconfiguración comercial global, fortalecer el rol de las pequeñas empresas en la economía formal, integrarlas a cadenas agroindustriales y promover su digitalización es una apuesta clave para la seguridad económica y el empleo sustentable en América Latina.