Desde hace casi dos décadas, la Moratoria de Soja Amazónica ha sido un símbolo de responsabilidad ambiental en América Latina. Firmado en 2006 por grandes comercializadoras y apoyado por organizaciones ambientales, el acuerdo prohíbe comprar soja cultivada en áreas deforestadas del bioma amazónico después de julio de 2008.

Esta iniciativa logró desacoplar parcialmente el avance de los cultivos del ciclo de deforestación que históricamente acompañaba al agronegocio en Brasil. Pero en 2025, informes recientes evidencian una nueva dinámica: el crecimiento acelerado del cultivo de soja sobre bosques secundarios, que no están protegidos por el acuerdo, y cuya tala es legal aunque ambientalmente riesgosa.

Cifras que exponen las grietas

La soja sembrada en bosques primarios deforestados tras 2008 representa hoy alrededor del 3,4 % del total cultivado en la región. Sin embargo, estudios independientes que cruzan datos satelitales con registros de producción estiman que hasta un 16 % de la soja amazónica se cultiva sobre áreas que fueron taladas luego del límite estipulado por la moratoria, incluyendo zonas regeneradas.

Esto equivale a más de un millón de hectáreas, buena parte de ellas en municipios con alta expansión agrícola. Técnicamente, los productores no incumplen la moratoria si siembran en suelos donde el bosque se regeneró de forma natural después de un uso previo. Pero ecológicamente, estos bosques cumplen un rol clave como sumideros de carbono, corredores de biodiversidad y zonas de amortiguamiento frente al cambio climático.

Un vacío legal con consecuencias globales

La moratoria actual no contempla los bosques secundarios ni regenerados, lo que genera un vacío normativo. Este detalle ha permitido que el avance agrícola continúe disfrazado de legalidad, generando un efecto de "greenwashing estructural" en las cadenas globales de valor agroalimentario.

A pesar de la existencia de certificaciones y monitoreo satelital, la trazabilidad real de la soja brasileña enfrenta obstáculos cuando se trata de identificar el tipo de cobertura vegetal previa al cultivo. Este vacío impide distinguir entre un sistema de producción sustentable y uno que simplemente cambia el foco de deforestación hacia áreas que no están protegidas formalmente.

La presión del agronegocio y la respuesta política

El escenario actual está tensionado por la presión de actores del agronegocio brasileño, que consideran que la moratoria impone restricciones impuestas desde el exterior sin beneficios económicos claros. Grupos productores, representantes legislativos y gobiernos estaduales argumentan que otros países deforestan sin restricciones mientras Brasil queda atado a compromisos ambientales.

La Corte Suprema de Brasil avaló recientemente que el estado de Mato Grosso retire beneficios fiscales a empresas que respeten la moratoria, argumentando que se trata de un acuerdo voluntario y externo. Esta decisión debilita la implementación efectiva del acuerdo a partir de 2026 y podría sentar un precedente adverso en otros estados productores.

Una Amazonía más vulnerable

El impacto ambiental de esta situación es preocupante. La Amazonía enfrenta condiciones climáticas extremas, como sequías prolongadas e incendios recurrentes. Los bosques secundarios, a pesar de su menor edad, poseen una alta capacidad de absorción de carbono durante sus primeras décadas de crecimiento.

Su eliminación contribuye al deterioro del balance hídrico regional y a la pérdida de resiliencia del ecosistema amazónico, afectando no solo la biodiversidad sino también la productividad agrícola regional. Esta expansión no controlada compromete la posición de América Latina como proveedor responsable y sostenible en los mercados agroalimentarios globales.

Innovación pendiente y propuestas para el futuro

Organismos científicos y técnicos proponen ajustar el alcance de la moratoria para incluir todo tipo de cobertura boscosa, fortalecer la tecnificación del monitoreo satelital, establecer mecanismos financieros que premien la conservación activa y mejorar la trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final.

El debate sobre la moratoria de soja deja entrever los desafíos de fondo que enfrenta el comercio agrícola latinoamericano: cómo alinear la productividad con la sustentabilidad, cerrar brechas regulatorias, garantizar transparencia y responder a las nuevas demandas de los consumidores internacionales. La agenda agrícola del futuro requiere herramientas más integrales, alianzas público-privadas eficaces y un enfoque regional que supere los marcos voluntarios.