La decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucional el contrato que permitía a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá desde 1997 marca un punto de quiebre en la relación entre China y América Latina. El fallo afecta directamente a Panama Ports Company, responsable de las terminales de Balboa y Cristóbal, nodos logísticos claves para el comercio global.

La resolución se conoció un año después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera sobre la necesidad de frenar la influencia china en el hemisferio occidental. Desde Beijing, la reacción fue inmediata: calificó el fallo como "absurdo" y anticipó consecuencias políticas y económicas para Panamá.

Más allá del cruce diplomático, el episodio expone un debate de fondo: ¿está perdiendo terreno China en América Latina? Durante dos décadas, el gigante asiático se consolidó como principal socio comercial de Sudamérica, expandió su presencia en infraestructura crítica y otorgó miles de millones de dólares en créditos atados a exportaciones futuras de petróleo, minerales y productos agroindustriales.

El modelo fue claro: financiamiento con pocas condicionalidades estructurales, pero con garantías vinculadas a commodities. Este esquema permitió a China ganar posiciones estratégicas. En Perú, por ejemplo, empresas chinas controlan una participación mayoritaria en el Puerto de Chancay, concebido como puerta de entrada directa al Pacífico asiático. En Chile, firmas del país asiático dominan gran parte de la distribución eléctrica.

Sin embargo, desde 2020 los préstamos soberanos chinos se redujeron y también cayó la inversión en grandes obras. La combinación de bajo crecimiento regional, demoras en pagos y mayor presión geopolítica llevó a Beijing a recalibrar su exposición.

El caso panameño agrega otro elemento: en febrero de 2025, el país anunció su retiro de la Belt and Road Initiative, la estrategia global de infraestructura de China. La decisión se produjo tras una visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y el presidente José Raúl Mulino cuestionó públicamente los beneficios concretos obtenidos por Panamá bajo ese esquema.

Para América Latina, el mensaje es relevante. La región enfrenta un escenario donde la disputa entre Washington y Beijing se traslada a puertos, energía, telecomunicaciones y cadenas logísticas. En países altamente dependientes de las exportaciones agroindustriales, cualquier cambio en la infraestructura portuaria o en las reglas de financiamiento puede alterar costos, competitividad y acceso a mercados.

En paralelo, Panama Ports Company anunció que recurrirá a arbitraje internacional, un proceso que podría extenderse durante años. Mientras tanto, el futuro de las terminales del Canal queda abierto y el tablero regional vuelve a moverse.

El episodio no implica una retirada total de China, pero sí refleja un momento de redefinición. Con Estados Unidos decidido a recuperar influencia en el hemisferio y con gobiernos latinoamericanos revisando sus alianzas estratégicas, la relación con el principal socio comercial de Sudamérica entra en una nueva etapa, con impacto directo en comercio, logística e inversiones clave para el agro y la industria regional.