Panamá Restaura Beneficios a Trabajadores de Chiquita tras Paro y Bloqueos
Tras más de un mes de protestas y pérdidas millonarias, la Asamblea Nacional aprobó un régimen laboral especial para los empleados de la bananera estadounidense, poniendo fin a bloqueos en Bocas del Toro.
En un giro sorpresivo, el Parlamento panameño aprobó un régimen laboral especial que restaura beneficios perdidos por los trabajadores de la filial de Chiquita Brands. La medida pone fin a las protestas que paralizaron Bocas del Toro, generando incertidumbre y evaluando el futuro de una de las principales exportaciones del país.
Desde el 28 de abril, los trabajadores bananeros se mantuvieron en huelga, exigiendo la reversión de recortes introducidos por la Ley 462 a su sistema de pensiones. Las protestas incluyeron bloqueos de rutas y la interrupción de operaciones en la planta de Chiquita en Changuinola. Se estima que más de 6.500 empleados fueron despedidos, y la empresa reportó pérdidas de US$75 a US$100 millones.
Con 54 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, los diputados sancionaron un conjunto de 12 artículos que:
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Restablecen jubilaciones anticipadas y altas pensiones (hasta 80% del salario) por incapacidad;
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Crean beneficios por exposición a pesticidas o esfuerzos físicos repetitivos;
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Establecen protecciones para trabajadoras embarazadas, como salas materno-infantiles y descansos para lactancia;
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Otorgan pensiones a familiares directos de trabajadores fallecidos por causas laborales.
Al concretarse la aprobación, los sindicatos levantaron los bloqueos que paralizaban la principal zona bananera. Sin embargo, aún persisten tensiones con otros sectores, como docentes, que también rechazaron la Ley 462.
El presidente José Raúl Mulino mostró una posición ambivalente: respaldó el proyecto, pero negó estar negociando con Chiquita ni compensarla por las pérdidas. Ahora la pelota está en su cancha para sancionar la ley y anticipar los efectos sobre el empleo y la economía local.
El nuevo régimen especial sella un pacto entre trabajadores y el Estado para dar certeza en un campo sensible: derechos laborales, seguridad social y estabilidad productiva en el agroexportador.
A la espera de la firma presidencial, el reto será mantener el diálogo con la empresa y evaluar cómo se repercute en las exportaciones, inversión y clima laboral en Bocas del Toro.