Panamá depende del crudo importado, pero frena una ley que impulsaría la caña
El proyecto para sumar 10% de bioetanol a las gasolinas permanece detenido. El agro reclama reglas para invertir, producir caña y crear empleos.
Panamá mantiene pendiente en la Asamblea Nacional el proyecto que propone incorporar obligatoriamente un 10% de bioetanol en las gasolinas de 91 y 95 octanos, una medida que podría reducir la exposición del país a las variaciones del petróleo importado y abrir un nuevo mercado para la caña de azúcar. La iniciativa avanzó a segundo debate en marzo de 2026, pero su discusión fue suspendida a fines de abril y todavía espera una nueva fecha legislativa.
La demora ocurre cuando especialistas en bioenergía, representantes de la industria automotriz y productores agrícolas intentan convertir el denominado E10 -una mezcla de 90% de gasolina y 10% de etanol- en una herramienta de seguridad energética. El programa otorgaría prioridad al biocombustible elaborado con materia prima panameña, aunque el país primero deberá ampliar su producción agrícola y desarrollar capacidad industrial.
La discusión excede el precio que los automovilistas pagan en las estaciones de servicio. Panamá depende del suministro externo de combustibles fósiles, por lo que cualquier aumento del petróleo o alteración de la logística internacional puede trasladarse a los costos internos. Reemplazar una parte de la gasolina con etanol permitiría diversificar el abastecimiento y mantener una fracción del gasto energético dentro de la economía nacional.
Una mezcla utilizada en 60 países que Panamá todavía debate
Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), sostuvo que Panamá llega tarde a una discusión que otros mercados resolvieron hace décadas, pero consideró que esa demora también le permite aprender de programas ya consolidados.
El experto indicó que 60 países utilizan etanol en sus combustibles y que siete de cada diez litros de gasolina comercializados en el mundo contienen algún porcentaje de este componente. Estados Unidos, Brasil, Canadá, países de la Unión Europea y buena parte de Sudamérica acumulan años de experiencia con estas mezclas.
Según los especialistas consultados, el E10 es compatible con la mayoría de los vehículos modernos y puede mejorar el octanaje de la gasolina. También permite sustituir una parte de los combustibles fósiles por energía obtenida de biomasa, aunque los beneficios ambientales finales dependen de la materia prima, el proceso industrial y las prácticas empleadas durante la producción agrícola.
La experiencia internacional muestra diferentes niveles de incorporación. Estados Unidos comercializa casi toda su gasolina con etanol, mientras que Brasil comenzó con porcentajes cercanos al 10% durante la crisis petrolera de la década de 1970 y después avanzó hacia mezclas superiores.
El modelo brasileño es observado con atención porque se apoya principalmente en la caña de azúcar, el cultivo que Panamá identifica como su alternativa inmediata. No obstante, replicar parte de ese recorrido exigirá inversiones en plantaciones, plantas industriales, almacenamiento, transporte y adaptación de la infraestructura de distribución.
Los representantes del sector automotor también plantean una implementación gradual. La introducción progresiva permitiría capacitar a los operadores, informar a los consumidores y realizar los ajustes logísticos necesarios, sin alterar de manera abrupta el funcionamiento del mercado.
La caña podría abrir un negocio, pero Panamá necesita producir más
El principal límite no se encuentra hoy en los motores, sino en los campos. La Asociación de Azucareros de Panamá reconoció que la superficie actual de caña no alcanzaría para responder a una demanda nacional de bioetanol, por lo que será necesario incorporar nuevas hectáreas y elevar la productividad.
Para el sector, esa limitación representa a la vez una oportunidad. Una regulación estable podría movilizar inversiones hacia zonas rurales, generar contratos para los productores, estimular la instalación de destilerías y sumar empleos en actividades agrícolas, industriales y logísticas.
La propuesta legislativa establece que el bioetanol producido con materia prima nacional tendrá prioridad frente al producto importado. Esta disposición busca evitar que el nuevo mercado quede abastecido exclusivamente desde el exterior y convertir la política energética en un incentivo directo para la agroindustria panameña.
Sin embargo, los productores advierten que ninguna ampliación será inmediata. La caña necesita tiempo, financiamiento, tierras aptas y seguridad jurídica, mientras que una planta de etanol requiere inversiones de largo plazo. Sin un cronograma obligatorio y previsible, las empresas difícilmente asumirán esos compromisos.
El IICA sostiene que la expansión de los biocombustibles no necesariamente exige avanzar sobre nuevas áreas agrícolas. Un estudio presentado por el organismo concluyó que cerrar las brechas de rendimiento en seis cadenas -caña de azúcar, maíz, trigo, colza, palma y soja- permitiría aumentar considerablemente la producción mundial a partir de mejoras tecnológicas.
En Panamá, no obstante, el desafío combinaría mayor productividad con un crecimiento planificado de la superficie cañera. Esto obligará a evaluar disponibilidad de agua, uso del suelo, condiciones ambientales y competencia con la producción de azúcar y alimentos.
Centroamérica todavía muestra un desarrollo limitado de los programas obligatorios de mezcla. Guatemala se prepara para implementar un esquema nacional, un movimiento que podría convertirla en el primer país de la región en establecer formalmente esta política y aumentar la presión sobre sus vecinos.
El proyecto panameño ya obtuvo en marzo cinco votos a favor y cuatro en contra para avanzar a segundo debate. Desde entonces, la falta de una definición mantiene en espera a productores e inversores que necesitan conocer las reglas antes de ampliar cultivos o comprometer capital.
Mientras la Asamblea decide si retoma la iniciativa, Panamá continúa comprando en el exterior la energía fósil que utiliza su transporte. La discusión determinará si una parte de ese consumo puede convertirse en demanda para el campo, inversiones industriales y empleo rural, o si el bioetanol seguirá siendo una posibilidad archivada en el calendario legislativo.
