El Canal de Panamá se prepara para un nuevo ciclo fiscal con un presupuesto que alcanza los 5.210 millones de dólares, aprobado por la Asamblea Nacional y con el objetivo de reforzar la capacidad de la vía interoceánica frente a desafíos crecientes. De ese total, se proyecta que 3.190 millones sean transferidos al Tesoro panameño en el próximo año fiscal que inicia en octubre, un 14,5% más que lo entregado en el ejercicio anterior. El Canal también estima cerrar el año en curso con ganancias de 3.500 millones, aunque advierte que en 2026 podría registrarse una reducción de tránsitos debido a la incertidumbre económica global.

El punto más destacado del nuevo plan es la construcción de un embalse en el río Indio, con una inversión prevista de 1.600 millones de dólares. El proyecto busca crear una reserva de agua que asegure el suministro necesario para las esclusas y garantice la operación del canal durante periodos de sequía. La urgencia de una medida de este tipo se hizo evidente en 2023, cuando una prolongada falta de lluvias obligó a limitar el número de cruces diarios. Cada tránsito de buques requiere millones de galones de agua dulce, y la sostenibilidad de la vía depende de contar con fuentes estables.

El embalse, sin embargo, despierta resistencias. La iniciativa desplazaría a unas 2.500 personas de comunidades rurales que dependen de la agricultura, y organizaciones locales han llevado el caso a la Corte Suprema alegando que vulnera derechos constitucionales. Los opositores sostienen que la mayoría de los habitantes no desea abandonar sus tierras y advierten que el costo social del proyecto no ha sido suficientemente considerado. El debate abre un dilema para las autoridades: cómo asegurar la viabilidad del canal sin profundizar conflictos con poblaciones que históricamente han vivido de los recursos naturales de la zona.

Más allá de la discusión interna, el canal continúa siendo un eje estratégico para la economía de Panamá y para el comercio global. La vía conecta a más de 140 rutas marítimas y mueve cerca del 6% del comercio mundial. Sus aportes son uno de los pilares del presupuesto nacional y, en un contexto de tensiones internacionales, cada decisión sobre su futuro es observada de cerca por las grandes potencias. Washington ha presionado a Panamá para que limite la participación china en operaciones vinculadas al canal, mientras que desde la campaña electoral en Estados Unidos, Donald Trump ha prometido "recuperar" la influencia estadounidense sobre la ruta acuática, a la que considera bajo la órbita de Pekín.

El nuevo presupuesto refleja, en definitiva, un esfuerzo por garantizar que el canal siga siendo fuente de ingresos y de estabilidad para el país. Pero también expone las tensiones que surgen cuando los grandes proyectos de infraestructura se cruzan con los derechos de comunidades locales y con disputas geopolíticas que superan las fronteras de Panamá. El desafío será encontrar un equilibrio entre las necesidades técnicas de una vía esencial para el comercio internacional, la justicia social hacia quienes deben dejar sus hogares y la presión de intereses externos que ven en el canal un activo estratégico.