El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que ninguna empresa de la Unión Europea (UE) podrá participar en licitaciones de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno panameño. La decisión llega luego de que Bruselas resolviera mantener al país en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.

El mandatario comunicó la medida a través de sus redes sociales y aseguró haber instruido a todas las entidades públicas para que apliquen la restricción. Aunque el Ejecutivo anticipaba que Panamá no sería retirada de la lista en esta revisión y espera la evaluación de octubre, optó por sostener la retorsión como señal política y económica frente al bloque europeo.

La decisión impacta en un momento clave para la agenda de inversiones del país. Este año el Gobierno proyecta lanzar el ferrocarril Panamá-David-Frontera, considerado su obra insignia en infraestructura. Empresas europeas habían manifestado interés en participar del proyecto, que busca fortalecer la conectividad interna y dinamizar la economía regional.

También se abre un interrogante sobre el clima de negocios en torno a la Autoridad del Canal de Panamá, que administra un portafolio de inversiones con alcance internacional. Si bien el Canal mantiene autonomía operativa, el mensaje político puede influir en la percepción de los inversores externos.

En el plano comercial, la Unión Europea es un socio relevante para Centroamérica bajo el Acuerdo de Asociación vigente. Para Panamá, el mercado europeo representa un destino estratégico para productos como banano, piña, café, azúcar y productos del mar, además de servicios logísticos y financieros. Aunque la medida anunciada se limita a licitaciones públicas y no a intercambios comerciales, la tensión diplomática podría trasladarse a negociaciones técnicas o sanitarias.

El sector agroexportador observa el escenario con cautela. La UE es uno de los mercados más exigentes en materia de trazabilidad, sostenibilidad y estándares fitosanitarios. Cualquier fricción institucional puede influir en tiempos de aprobación, auditorías o procesos regulatorios que impactan en cadenas agroindustriales.

Panamá aún tiene pendientes en la Asamblea Nacional proyectos de ley vinculados a las observaciones europeas, además de reformas orientadas a fortalecer la transparencia financiera y la depuración de sociedades. Desde el Gobierno sostienen que el país ha cumplido compromisos técnicos y cuestionan los criterios utilizados para mantenerlo en la lista.

La reacción política interna fue inmediata. El excanciller Francisco Álvarez de Soto respaldó la decisión y recordó que, a su juicio, la UE también presenta incumplimientos dentro del acuerdo comercial, especialmente en servicios financieros.

La medida abre un escenario de reconfiguración en la competencia por contratos públicos en Panamá. Empresas de otras regiones podrían ganar espacio en proyectos de infraestructura, energía y logística, en un país que se consolida como hub estratégico en el comercio global.

La revisión prevista para octubre será determinante. Hasta entonces, el vínculo entre Panamá y Bruselas seguirá bajo presión, con impacto potencial en inversión, comercio y cadenas agroindustriales que dependen del mercado europeo.