El paro arrocero indefinido estalló el lunes 14 de julio en al menos siete departamentos del país. Los productores denuncian que el precio actual del arroz paddy verde -entre 170.000 y 185.000 pesos por carga- está muy por debajo del costo real de producción, que oscila entre 205.000 y 220.000 pesos. La situación se agrava con un exceso de inventarios del 67,8% por encima del promedio de la última década.

Mesa de diálogo: primer paso

La negociación se llevará a cabo el jueves 17 de julio, a las 11a.m., en Bogotá. Participarán representantes de los ministerios de Agricultura, Comercio y Hacienda, junto a 22 delegados del Comité Nacional del Paro Arrocero. Las principales exigencias incluyen:

• Precios mínimos regulados

• Subsidios directos al productor

• Acceso a financiamiento

• Controles fitosanitarios y aduaneros

• Inclusión efectiva en las mesas de política agropecuaria

Propuestas del Gobierno

El Ejecutivo ha anunciado un régimen de libertad regulada de precios, fijando un valor mínimo regional según condiciones del mercado. También prometió:

• Controles fronterizos para frenar el contrabando de arroz

• Un paquete de 7.000 millones de pesos para subsidiar fertilizantes

• Incentivos por tonelada cosechada: 120.000 pesos para pequeños y 78.000 pesos para medianos productores

Tensión persistente y puntos críticos

Los gremios sostienen que estas medidas son insuficientes. Denuncian pérdidas de entre 2,5 y 2,8 millones de pesos por hectárea y acusan al Gobierno de incumplimiento sistemático de acuerdos previos. Además, advierten sobre el colapso inminente de una cadena productiva que representa más del 50% del consumo de cereales del país.

Impacto económico y logístico

El paro ya ha causado bloqueos intermitentes en vías estratégicas, afectando el transporte de alimentos y el abastecimiento regional. La crisis compromete no solo a los productores, sino también a los procesadores, transportistas y comercializadores, en una cadena que genera miles de empleos rurales.

Claves para el seguimiento

• Regulación de precios: esencial para restaurar la rentabilidad del cultivo

• Subsidios y financiamiento: urgentes para evitar quiebras masivas

• Control del contrabando: factor clave para proteger la producción nacional

• Participación gremial real: garantía de políticas sostenibles

La cita de este jueves representa una encrucijada histórica para el sector arrocero colombiano. Si el Gobierno logra pactar medidas estructurales con el gremio, podría comenzar a desactivar una crisis que amenaza no solo el campo, sino también la seguridad alimentaria del país. De lo contrario, el conflicto podría escalar con consecuencias imprevisibles para la logística agropecuaria y la balanza comercial agrícola.