México amaneció con rutas bloqueadas y casetas liberadas en una de las mayores movilizaciones rurales de los últimos años. Agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realizan un paro nacional agropecuario que se extiende por 17 estados, desde Chihuahua y Sonora hasta Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México, en reclamo de soberanía alimentaria y precios justos para sus cosechas.

El movimiento exige al gobierno federal retirar los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), revisar la propuesta de Ley de Aguas Nacionales y establecer mecanismos de apoyo directo que protejan a los productores de las distorsiones del mercado.
En varios puntos del país, campesinos de maíz, sorgo, cebolla y chile mantienen cortes parciales y tomas de casetas con paso libre de vehículos, en lo que describen como una jornada de protesta pacífica pero sostenida.

El costo de producir y la desigualdad del mercado

La convocatoria del FNRCM surge de una crisis estructural que golpea al campo mexicano: altos costos de producción, bajos precios de venta y dependencia de las importaciones de alimentos. Según datos de las organizaciones participantes, cultivar una hectárea de maíz cuesta alrededor de 58.000 pesos, sin contar la renta de tierra, que puede equivaler a una o tres toneladas del mismo grano.

Con precios actuales de 3.800 pesos por tonelada, los productores enfrentan pérdidas de hasta 20.000 pesos por hectárea, un margen que los deja fuera de competencia frente a los granos estadounidenses altamente subsidiados. En siete años, México pasó de ser un país con excedentes agrícolas a importar más del 50 % de sus alimentos, lo que, según los agricultores, pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria nacional.

La situación no afecta solo al maíz. En Zacatecas y Guanajuato, productores tiraron cebollas y chiles en protesta por los bajos precios y la falta de compradores. Mientras en el campo el productor recibe 7 pesos por una cebolla o 3 por un chile, el consumidor paga hasta 50 pesos por el mismo producto en supermercados.
"Entre el precio de origen y el de góndola se pierde todo el esfuerzo de quien produce", resumen desde las organizaciones rurales.

Otro eje de reclamo es la revisión de la Ley de Aguas Nacionales, que el sector considera lesiva para los derechos históricos de uso agrícola. Los productores advierten que la nueva normativa puede restringir la extracción en zonas productivas y afectar el riego de miles de hectáreas destinadas a la alimentación. Piden además la creación de una banca de desarrollo rural, créditos accesibles y programas reales de tecnificación y mecanización para mejorar la eficiencia.

"Si el campo se detiene, se detiene el país"

En estados del norte, como Chihuahua y Sonora, los manifestantes bloquearon vías férreas y rutas clave de transporte, mientras en la capital mexicana una multitud se concentró en avenidas centrales como Reforma y Circuito Interior, demandando un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada de maíz.
En otros puntos, como Michoacán y Guanajuato, las movilizaciones incluyeron marchas rurales y concentraciones frente a dependencias estatales.

Los líderes del movimiento aseguran que no buscan confrontar, sino abrir un diálogo con el Estado y con los gobiernos locales. Sin embargo, advierten que, de no haber respuestas, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
"Queremos que el país nos escuche. No pedimos privilegios, pedimos condiciones para seguir produciendo", expresaron desde las asambleas del FNRCM.

Las organizaciones rurales insisten en que esta no es una protesta aislada, sino el síntoma de un modelo agrícola que toca fondo tras décadas de políticas públicas que han favorecido la concentración del mercado y el abandono del productor primario.
La crisis del campo mexicano es también una crisis de precios, infraestructura y financiamiento, agravada por el impacto climático y la dependencia alimentaria.

Mientras el gobierno federal aún no emite una respuesta oficial, los bloqueos se mantienen activos en al menos 17 entidades y podrían extenderse hacia capitales estatales y centros de abasto.
El mensaje de los productores es claro: sin un campo fuerte, no hay país posible. Y esta vez, su reclamo atraviesa el territorio con la misma fuerza con la que se siembra maíz cada año.