El sector arrocero de Colombia vive momentos de tensión luego de que productores de distintas regiones anunciaran un paro nacional indefinido a partir del 10 de julio, en protesta por la caída de los precios y la falta de apoyo gubernamental.

Los arroceros, agrupados en asociaciones y cooperativas, sostienen que el precio de venta del grano no cubre los costos de producción, afectando gravemente la sostenibilidad de sus cultivos y poniendo en riesgo el sustento de miles de familias rurales.

Voceros del gremio argumentan que el Gobierno no ha respondido a las solicitudes de medidas de alivio, como subsidios, líneas de financiamiento o estrategias de compra pública, que amortigüen el impacto de la sobreoferta y los precios deprimidos en el mercado interno.

Reclamos y advertencias

Entre los puntos más sensibles, los productores señalan que el costo de insumos como fertilizantes, combustibles y servicios ha subido de manera constante en los últimos años, mientras el precio del arroz ha caído, generando un margen de rentabilidad prácticamente inexistente.

"Estamos al borde de la quiebra. Si no nos escuchan, no tendremos otra alternativa que ir a paro", advirtieron dirigentes del movimiento arrocero, quienes estiman que la protesta podría movilizar a productores de los departamentos de Tolima, Meta, Casanare, Huila, Santander y Cesar, entre otros.

Impacto económico y social

El sector arrocero colombiano genera más de 400.000 empleos directos e indirectos, y ocupa una superficie superior a las 500.000 hectáreas de siembra. Por ello, un paro prolongado tendría serias repercusiones sobre el abastecimiento interno y la economía regional.

Analistas señalan que el conflicto también podría derivar en afectaciones al consumidor, con potenciales incrementos en los precios finales y problemas de distribución si la movilización se extiende.

Llamado al diálogo

Los arroceros reiteraron su disposición a establecer mesas de concertación con el Gobierno antes de la fecha prevista para el inicio del paro, pero advirtieron que las soluciones deben ser concretas y viables, para recuperar la rentabilidad del cultivo y evitar la desaparición de cientos de pequeños productores.

"Llevamos años pidiendo políticas claras y no podemos esperar más", insistieron representantes de las asociaciones campesinas, que reclaman también inversiones en infraestructura de riego, apoyo técnico y acceso a mercados más justos.

Mientras avanzan las conversaciones, la incertidumbre se mantiene en el campo. El Gobierno, por su parte, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre los reclamos, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Agricultura anticiparon la posibilidad de entablar un diálogo de emergencia con los productores en los próximos días.

De concretarse el paro, Colombia podría enfrentar un escenario complejo en materia de seguridad alimentaria, reflejando la urgencia de replantear las políticas de apoyo al sector agrícola y garantizar condiciones de competitividad para la producción nacional.