Perú ajusta aranceles variables para arroz, azúcar, maíz y leche importada
El Gobierno actualizó los precios de referencia agrícolas y elevó los derechos variables para productos sensibles como arroz, azúcar y leche en polvo.
El Gobierno de Perú actualizó los precios de referencia y los derechos variables aplicables a las importaciones de maíz, arroz, azúcar y leche entera en polvo, en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la protección del mercado agrícola local frente a la volatilidad internacional.
La medida fue oficializada mediante una resolución viceministerial del Ministerio de Economía y Finanzas publicada este 19 de mayo en el diario oficial peruano y forma parte del mecanismo de franja de precios utilizado por el país para estabilizar costos de importación y amortiguar fluctuaciones externas sobre productos sensibles para la producción y el consumo interno.
Entre los principales cambios, el Gobierno fijó para el arroz un precio de referencia de 493 dólares por tonelada métrica, aplicando además derechos variables adicionales de 104 dólares por tonelada para arroz en cáscara y 149 dólares por tonelada para arroz pilado.
La actualización ocurre en medio de un escenario de creciente tensión dentro del sector arrocero peruano, donde productores de distintas regiones reclaman medidas para contener la caída de precios y limitar el impacto de las importaciones sobre la rentabilidad local.
El arroz y el azúcar registran los mayores ajustes
En el caso del azúcar, el precio de referencia fue establecido en 426 dólares por tonelada métrica, mientras que el derecho variable adicional quedó fijado en 109 dólares por tonelada.
Para el maíz, uno de los granos más importantes para la alimentación animal y la industria pecuaria, el precio de referencia será de 218 dólares por tonelada, aunque sin aplicación de derecho variable adicional.
Por su parte, la leche entera en polvo tendrá un precio de referencia de 3.440 dólares por tonelada, acompañado de un derecho variable adicional de 187 dólares por tonelada.
Los derechos variables funcionan como un mecanismo de ajuste automático: cuando los precios internacionales caen por debajo de determinados niveles, el sistema aplica cargos adicionales para proteger al mercado interno y reducir distorsiones sobre productores locales.
La franja de precios vuelve al centro de la discusión agrícola
El sistema de franja de precios es utilizado por Perú desde hace años para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en productos agrícolas considerados estratégicos.
El mecanismo establece bandas superiores e inferiores para los precios internacionales de determinados productos. Cuando los valores externos caen demasiado, se activan derechos variables adicionales; si los precios superan el techo de la banda, pueden aplicarse reducciones arancelarias.
El esquema suele generar debate entre sectores productivos, industriales y comerciales. Mientras organizaciones agrícolas sostienen que la herramienta resulta necesaria para proteger a productores nacionales frente a importaciones más baratas, otros sectores cuestionan su impacto sobre costos internos y precios al consumidor.
La actualización llega además en un contexto internacional marcado por alta volatilidad en los mercados agrícolas, tensiones logísticas y cambios en los flujos globales de comercio de alimentos.
Los productores siguen atentos al impacto sobre el mercado interno
La medida del MEF aparece en un momento particularmente sensible para el arroz peruano. En las últimas semanas, organizaciones de productores de distintas regiones comenzaron a evaluar protestas y posibles paros ante la caída de los precios internos y el incremento de importaciones.
El arroz se convirtió en uno de los principales cultivos agrícolas de Perú en los últimos años y tiene un peso central en las economías regionales y el abastecimiento alimentario del país.
Con este nuevo ajuste de la franja de precios, el Gobierno busca equilibrar las necesidades de abastecimiento interno con la protección de la producción nacional, en medio de una creciente presión del sector agrícola por mayores medidas de respaldo comercial.
