Perú intenta contener la crisis arrocera mientras crecen las protestas en el campo
El gobierno anunció compras públicas, operativos contra el contrabando y asistencia técnica, pero los productores mantienen la presión por precios y financiamiento.
El Gobierno de Perú salió a responder públicamente a la creciente tensión con los productores arroceros luego de las protestas y medidas de fuerza registradas en distintas regiones del país. A través de un comunicado oficial emitido el 25 de mayo de 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aseguró que el Ejecutivo trabaja en acciones multisectoriales para atender la crisis del sector y afirmó que los canales de diálogo con los gremios "se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel".
El conflicto refleja el fuerte malestar de miles de productores frente a la caída de precios del arroz, el avance del comercio ilegal, las dificultades de acceso al financiamiento y la presión de importaciones que afectan la rentabilidad del cultivo en varias regiones agrícolas peruanas.
El pronunciamiento oficial llegó mientras continúan las movilizaciones de arroceros en zonas productivas como Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Huánuco, donde los agricultores reclaman medidas más profundas para sostener la actividad.
Compras públicas y controles contra el arroz ilegal
Uno de los principales anuncios del gobierno fue la aplicación de la Ley N.º 31071, que obliga a entidades públicas a priorizar la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar.
Según Midagri, ya se concretó la venta de 410 toneladas de arroz nacional por un monto superior a S/ 1,4 millones, operación que el Ejecutivo presenta como una señal de respaldo al sector.
Sin embargo, dirigentes arroceros consideran que el volumen todavía resulta insuficiente frente al exceso de producción y el desplome de precios registrado durante los últimos meses.
Otro eje central del plan oficial es el combate al comercio ilegal de arroz, uno de los temas más sensibles para los productores nacionales.
El gobierno informó que desplegó operativos conjuntos entre:
- la Policía Nacional del Perú,
- la Sunat,
- y el Senasa,
con un esquema de 180 intervenciones anuales en puntos críticos de ingreso ilegal.
Hasta el momento, las autoridades reportaron la incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en la frontera de Tumbes, zona identificada como uno de los principales corredores de ingreso de mercadería proveniente de Ecuador.
Los productores sostienen que el contrabando y el comercio informal generan competencia desleal y presionan todavía más los valores que reciben en chacra.
El acceso al crédito aparece como otro punto crítico
Además de los problemas comerciales, el sector enfrenta limitaciones estructurales vinculadas al financiamiento y a la formalización productiva.
Midagri informó que mantiene comisiones técnicas en regiones arroceras para acelerar el Registro de Productores y destrabar proyectos de infraestructura de riego, dos condiciones necesarias para que los agricultores puedan acceder a líneas de crédito estatales.
La falta de registro formal y las debilidades en infraestructura hídrica impiden que miles de pequeños productores ingresen al sistema financiero, obligándolos a depender de intermediarios o financiamiento informal.
Las protestas también exponen un problema regional más amplio. Perú atraviesa una etapa de fuerte sensibilidad agrícola por el aumento de costos productivos, la volatilidad climática y la presión sobre distintos cultivos estratégicos.
El arroz tiene un peso clave en la seguridad alimentaria peruana y representa una fuente central de ingresos para miles de familias rurales, especialmente en el norte y oriente del país.
Mientras tanto, el gobierno intenta evitar que el conflicto escale aún más. El comunicado oficial insistió en que el Ejecutivo mantiene abiertas las instancias de negociación técnica y política con las dirigencias agrarias, aunque hasta el momento no se anunciaron plazos concretos para resolver las demandas del sector.
La tensión también comenzó a ingresar al debate político nacional. Durante actividades vinculadas al proceso electoral peruano, referentes de distintos espacios mencionaron las protestas arroceras como una muestra del creciente malestar social en las regiones agrícolas.
