El 11 de septiembre, Perú promulgó la nueva Ley de Promoción Agraria, un marco legal que marca un antes y un después en el desarrollo del sector agropecuario. La normativa, que reemplaza a la ley derogada en 2020, introduce cambios profundos para impulsar la inversión, la competitividad y la formalización, al tiempo que busca integrar a la pequeña agricultura en las cadenas productivas modernas.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), explicó que esta norma es "más potente que la anterior", porque amplía su alcance no solo a la agroexportación, sino también a los segmentos agrícola, pecuario y agroindustrial. Con una vigencia inicial de diez años, el marco legal otorga certidumbre y apunta a consolidar a Perú como un referente regional en agroindustria.

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es que no modifica el régimen laboral vigente del sector, regido por la Ley 31.110. Todos los derechos laborales se mantienen, mientras que la innovación está en los incentivos estructurales para la formalización, la competitividad y la inclusión productiva. Según Amaro, el objetivo es re-atraer capital nacional e internacional, garantizando reglas claras para los inversionistas y fomentando un crecimiento sostenible.

No obstante, el dirigente reconoce que aún quedan temas pendientes. "La ley menciona la promoción de la educación técnica, la investigación y el desarrollo, pero no los desarrolla a profundidad", señaló. También apuntó a la necesidad de actualizar normativas complementarias, como la ley de cooperativas y la de renta familiar agraria, para asegurar una articulación más sólida entre los distintos actores del agro.

El problema de la informalidad, que afecta a más del 90% de la agricultura peruana, es uno de los mayores desafíos. Amaro subraya que esta situación no responde a la falta de voluntad de los agricultores, sino a políticas públicas acumuladas con deficiencias. La nueva ley reconoce esa realidad y plantea una mejora regulatoria sistémica, lo que implica también un reordenamiento institucional en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y en los gobiernos regionales y locales.

Otro de los avances más destacados es la inclusión de artículos que garantizan seguridad jurídica a la propiedad agraria. Este aspecto resulta crucial para los pequeños productores, ya que la formalización de la posesión de tierras con fines agropecuarios era un pedido histórico del sector. Dar certidumbre sobre la tenencia de la tierra es un paso necesario para que miles de agricultores puedan acceder a créditos, programas de apoyo y asociatividad.

En un contexto de alta demanda internacional de alimentos y de creciente competencia entre países exportadores, Perú busca consolidar su liderazgo en agroexportación con un marco regulatorio que combine estabilidad, inclusión y sostenibilidad. La nueva ley no solo busca atraer capitales, sino también crear un ecosistema agrícola más moderno e inclusivo, donde la pequeña agricultura tenga un papel activo.

El reto será traducir la letra de la norma en acciones concretas que lleguen al campo, fortalecer la capacidad de gestión del Estado y articular al sector privado con los productores más vulnerables. Para Amaro y para el gremio agroexportador, la clave estará en mantener la coherencia de las políticas públicas y en generar confianza de largo plazo para inversionistas y agricultores.

La Ley de Promoción Agraria es, en ese sentido, un instrumento con potencial transformador. Su éxito dependerá de la capacidad de ejecución y del compromiso del gobierno en atender los puntos pendientes. Por ahora, el sector la recibe como una oportunidad de volver a poner a Perú en la primera línea de la agroexportación mundial, con un enfoque renovado en inclusión social y competitividad.