Perú debate eliminar beneficios al agro y crece la alarma por 900 mil empleos
La propuesta vinculada al plan de gobierno de Juntos por el Perú reavivó la tensión en la agroexportación y abrió un fuerte debate sobre empleo, inversión y competitividad.
La posibilidad de eliminar beneficios tributarios para la agroexportación volvió a sacudir al sector agropecuario peruano luego de que una propuesta asociada al plan de gobierno de Juntos por el Perú, espacio político liderado por Roberto Sánchez, encendiera preocupación entre empresarios, productores y trabajadores rurales. El debate tomó fuerza esta semana tras difundirse estimaciones que advierten que cerca de 900 mil empleos agrarios podrían verse afectados si se modifican las condiciones fiscales que impulsaron el crecimiento del sector en las últimas dos décadas.
La discusión ocurre en un momento sensible para la economía peruana. La agroexportación se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas, empleo formal y desarrollo regional, especialmente en zonas desérticas de la costa que fueron transformadas por inversiones en irrigación, tecnología y expansión agrícola.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto tributario vinculado al sector agropecuario -incluyendo exoneraciones y beneficios fiscales- alcanzó los S/ 6.700 millones al cierre de 2025. Mientras sectores políticos consideran que esos incentivos deben revisarse, referentes de la agroindustria sostienen que su eliminación pondría en riesgo competitividad, inversiones y empleo formal.
El agroexportador peruano, uno de los motores económicos del país
En menos de veinte años, Perú pasó de ser un exportador agrícola marginal a convertirse en una potencia regional en productos como arándanos, uvas, paltas, mangos, espárragos y cítricos. Empresas agroindustriales desarrollaron miles de hectáreas en regiones como Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque, impulsando empleo intensivo y encadenamientos logísticos.
Actualmente, la agroexportación peruana genera más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos, muchos de ellos vinculados al empleo formal femenino y juvenil en zonas rurales donde históricamente predominaba la informalidad.
El crecimiento del sector estuvo acompañado por regímenes laborales y tributarios especiales orientados a incentivar inversiones de largo plazo, incorporación tecnológica y expansión exportadora. Para el empresariado agrícola, modificar esas reglas en medio de un escenario internacional más competitivo podría afectar seriamente la rentabilidad.
Las empresas advierten que Perú enfrenta hoy una competencia cada vez más fuerte de países como México, Colombia, Chile y Marruecos, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa y Asia.
Además, los costos productivos aumentaron en los últimos años por el encarecimiento de fertilizantes, energía, logística y mano de obra. A eso se suman dificultades climáticas derivadas de fenómenos extremos y una creciente presión sobre recursos hídricos en varias regiones agrícolas.
El debate político detrás de los beneficios tributarios
El punto que generó mayor controversia fue la aparente contradicción dentro del propio discurso político. Mientras algunos sectores reconocen el aporte dinamizador de la agroexportación a la economía peruana, también impulsan propuestas para reducir o eliminar beneficios fiscales al sector.
Quienes apoyan revisar los incentivos sostienen que el Estado deja de recaudar miles de millones de soles y que parte de esos recursos podrían destinarse a salud, educación o infraestructura. También argumentan que ciertos beneficios favorecen principalmente a grandes empresas.
Sin embargo, cámaras empresariales y especialistas advierten que eliminar incentivos sin una transición gradual podría frenar inversiones, reducir contrataciones y afectar cadenas completas de producción y exportación.
La preocupación crece especialmente en regiones donde la agroindustria se convirtió en el principal sostén económico. En ciudades vinculadas al corredor agroexportador, miles de familias dependen directa o indirectamente de la actividad agrícola intensiva.
El temor del sector no se limita al empleo. También aparece el riesgo de pérdida de competitividad internacional en un momento en que otros países están fortaleciendo políticas de promoción exportadora y acuerdos comerciales.
Algunos analistas recuerdan que Perú logró posicionarse como líder global en arándanos gracias a una combinación de inversión privada, infraestructura de riego y reglas estables para el sector agroexportador. Cambios bruscos podrían alterar ese esquema justo cuando el mercado internacional atraviesa una etapa de mayor competencia y menores márgenes.
Mientras el debate político avanza, el agro peruano observa con atención el rumbo de una discusión que podría redefinir el futuro de una de las actividades económicas más dinámicas del país.
