El presidente Gustavo Petro consiguió lo que pocos anticipaban: la aprobación de una reforma laboral que devuelve derechos esenciales a millones de trabajadores formales. Después de dos años de debates, el Congreso finalmente extendió los recargos nocturnos, elevó a 100% los pagos por trabajo dominical o festivo de manera gradual hasta 2027, limitó los contratos a término fijo a cuatro años y restituyó los derechos laborales de aprendices del SENA.

En paralelo, Petro ha decidido dar un paso atrás respecto a su consulta popular planificada -cancelada tras la aprobación legislativa- pero mantiene firme su estrategia política: impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para 2026. La idea es someterla a la ciudadanía mediante una "octava papeleta" que permita reformar la Constitución. Expertos advierten que la propuesta carece de base legal bajo la Constitución actual, que exige una ley aprobada por ambas Cámaras, control previo de constitucionalidad y elecciones directas para sus integrantes.

En marzo, Petro ya había emitido un polémico decreto que convocaba una consulta popular y obligaba al Senado a pronunciarse, lo que generó fuertes críticas por su posible extralimitación institucional. Cuando el Congreso modificó y aprobó la reforma laboral, Petro derogó ese decreto, dejando claro que la consulta ya no era necesaria.

Aunque la reforma laboral es celebrada por el presidente como una victoria de la "clase trabajadora" -una "victoria popular" tras 34 años de deuda histórica-, algunos sectores empresariales y de oposición advierten que estos cambios podrían elevar los costos laborales y fomentar la informalidad. También aseguran que convertir la intención de una Constituyente en instrumento de presión política podría derivar en un debilitamiento institucional.

Colombia enfrenta, así, una encrucijada institucional: la combinación de una reforma laboral progresista con una estrategia política agresiva que abre un nuevo frente en busca de transformación constitucional. Petro apuesta a que la fuerza popular recupere protagonismo, como en 1990, aludiendo a la movilización ciudadana que sirvió para la Constituyente de 1991. Pero sus detractores acusan que sus métodos ponen en riesgo la separación de poderes y podrían convertir al Legislativo en un mero instrumento.

La reforma laboral está aprobada, pero lo que viene es aún más impugnable y complejo. La discusión trasciende los salarios o contratos: es una disputa por el control del proceso político, el orden constitucional y la articulación del poder ciudadano frente a las élites. En este contexto, Colombia se prepara para un pulso clave en las elecciones de 2026, donde se podría decidir si la Constituyente se convierte en una oportunidad para profundizar reformas o en un giro hacia un presidencialismo más personalista.