La tensión entre el campo y el Estado colombiano no se disipa, pero ha dado un giro. El presidente Gustavo Petro logró desactivar el paro arrocero que mantenía bloqueos en varias regiones productivas del país, principalmente en el Tolima, Huila, Casanare y Meta. Sin embargo, el conflicto ha escalado a otro frente: el mandatario ahora acusa a los molineros de formar un cartel que manipula los precios de compra al productor.

El reclamo de los arroceros, que derivó en protestas y bloqueo de vías desde mediados de julio, se centraba en la caída abrupta del precio pagado por kilo, que pasó de cerca de 2.200 pesos a 1.700, afectando la rentabilidad en plena cosecha. Tras una mesa de diálogo urgente con el Ministerio de Agricultura, el Gobierno se comprometió a establecer un incentivo de almacenamiento y apoyo directo al productor, medida que permitió levantar la protesta.

Pero lejos de cerrar el conflicto, el Ejecutivo abrió un nuevo frente al denunciar prácticas anticompetitivas por parte de la industria molinera. Petro aseguró que "el problema no está en los campesinos, sino en una concentración empresarial que manipula el mercado". El mandatario incluso planteó que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue una supuesta cartelización entre los principales molinos de arroz del país.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), que tuvo un rol negociador clave, saludó la voluntad del Gobierno de evitar una escalada del paro, pero advirtió que "no puede haber una ruptura de confianza con los actores industriales sin pruebas claras". Por su parte, desde el sector molinero negaron las acusaciones y sostienen que la caída de precios responde a un exceso de oferta y dificultades logísticas, no a prácticas concertadas.

Colombia produce anualmente entre 2,5 y 3 millones de toneladas de arroz paddy, siendo uno de los productos más cultivados y consumidos del país. La cadena incluye a más de 20.000 pequeños y medianos productores, por lo que las variaciones de precio impactan directamente en la economía rural, el empleo y la seguridad alimentaria.

Desde sectores agroindustriales advierten que la confrontación podría derivar en desconfianza para futuras inversiones, y reclaman al Gobierno una estrategia integral que incluya mejoras en almacenamiento, comercialización y acceso a crédito, además de transparencia en las cadenas de valor.

Mientras tanto, el presidente Petro insiste en una "transformación del modelo agroalimentario", en línea con su discurso sobre democratización de la tierra, fortalecimiento de economías campesinas y ruptura con los "poderes corporativos que concentran el agro".

La crisis del arroz deja en evidencia las tensiones estructurales de una de las principales cadenas alimentarias del país, y su desenlace marcará un precedente no solo económico, sino también político, en la relación del Gobierno con el sector agropecuario.