Una disputa internacional frena la concesión del principal puerto agrícola de Costa Rica
El proceso para modernizar Puerto Caldera quedó bajo revisión tras una apelación de ICTSI que cuestiona transparencia, competencia y criterios financieros.
El futuro del principal puerto del Pacífico de Costa Rica entró en una etapa de incertidumbre luego de que la operadora filipina International Container Terminal Services Inc. lograra que se admitiera formalmente una apelación contra la concesión otorgada al Consorcio Sunset, alianza respaldada por APM Terminals y Hapag-Lloyd. La revisión podría retrasar uno de los proyectos logísticos más importantes para el comercio agrícola y de importación costarricense, en momentos donde el puerto opera prácticamente al límite de su capacidad.
La apelación fue aceptada por la Contraloría General de la República, que abrió un proceso de revisión sobre presuntas irregularidades vinculadas a la adjudicación aprobada en marzo por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
El caso adquiere fuerte relevancia para el sector agroindustrial porque Puerto Caldera concentra gran parte del comercio agrícola del país y funciona como una de las principales puertas logísticas hacia Asia y Estados Unidos.
Actualmente, el puerto opera cerca del 95% de su capacidad, situación que viene generando congestión, demoras y presión sobre cadenas de suministro vinculadas a cereales, fertilizantes y exportaciones agrícolas.
Aproximadamente el 80% de la carga movilizada por Puerto Caldera corresponde a importaciones, incluyendo granos y fertilizantes a granel, mientras que además maneja cerca de un tercio de las exportaciones agrícolas costarricenses.
ICTSI denuncia irregularidades y cambios en la evaluación financiera
La empresa filipina sostiene que fue excluida indebidamente de la licitación antes de la adjudicación final.
Según ICTSI, el INCOP había confirmado inicialmente que la compañía cumplía con los requisitos financieros vinculados a la relación deuda-capital exigida en el proceso. Sin embargo, posteriormente modificó los criterios de evaluación y terminó descalificando a la firma.
Ese movimiento dejó al consorcio respaldado por Maersk y Hapag-Lloyd como único oferente restante dentro del proceso.
Bart Wiersum afirmó que la decisión de la Contraloría representa un primer paso para revisar un procedimiento que, según la empresa, estuvo marcado por irregularidades y falta de transparencia.
ICTSI asegura además que la metodología utilizada para calcular los ratios financieros fue alterada sin justificación técnica, modificando el indicador de deuda-capital de la empresa de 1,33 a 2,16 pese a que no existieron cambios en la documentación financiera presentada.
La compañía también cuestionó aspectos vinculados a la propuesta técnica ganadora.
Según la apelación, expertos independientes habrían detectado posibles limitaciones relacionadas con la configuración de muelles y la operación simultánea de embarcaciones, aspectos que podrían no cumplir completamente con estándares internacionales de seguridad exigidos en la licitación.
El puerto es clave para fertilizantes, granos y exportaciones agrícolas
La discusión supera ampliamente una disputa empresarial. Puerto Caldera ocupa un lugar estratégico dentro de la logística agrícola costarricense y cualquier retraso en su modernización podría impactar sobre competitividad, costos y eficiencia comercial.
El proyecto de concesión contempla importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y ampliación operativa orientadas a aumentar capacidad de carga y reducir los problemas de congestión actuales.
El puerto resulta especialmente importante para el ingreso de fertilizantes y cereales, insumos fundamentales para la producción agrícola nacional.
Además, funciona como uno de los principales corredores de salida para exportaciones agroindustriales costarricenses hacia mercados internacionales.
ICTSI también planteó preocupaciones vinculadas a condiciones climáticas y oleaje, advirtiendo que algunos factores ambientales podrían reducir la disponibilidad operativa de muelles por debajo de las proyecciones oficiales.
Otro de los puntos cuestionados por la empresa gira alrededor de posibles problemas de competencia derivados de la estructura societaria del consorcio adjudicatario.
La Contraloría otorgó ahora cinco días hábiles al INCOP y al Consorcio Sunset para responder a las observaciones presentadas.
Según los procedimientos costarricenses, el organismo debería emitir una resolución en aproximadamente 40 días hábiles, aunque existe la posibilidad de extender el plazo por otros 15 días adicionales.
La definición aparece además contra reloj. La actual concesión de Puerto Caldera vence en agosto de 2026 y el país necesita avanzar rápidamente con inversiones para evitar mayores problemas de saturación logística.
Mientras tanto, el caso deja al descubierto algo que empieza a repetirse en distintos puertos de América Latina: las disputas por infraestructura estratégica ya no involucran solamente negocios marítimos, sino también control sobre corredores agrícolas, cadenas de suministro y comercio internacional de alimentos.
