La operadora del Puerto de Chancay, Cosco Shipping, se pronunció tras el fallo del Poder Judicial que declaró fundada la acción de amparo presentada para que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no intervenga en determinados aspectos del terminal portuario.

La empresa sostuvo que la decisión judicial reconoce el marco normativo vigente y aclaró que no implica pérdida de control por parte del Estado peruano. "Esto no significa que el Estado pierda capacidad alguna de control y fiscalización", indicó en su comunicado oficial.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente atención internacional sobre el megapuerto, considerado estratégico para el comercio entre Asia y América del Sur. En las últimas semanas, el proyecto ha sido mencionado en debates diplomáticos vinculados a la presencia de capitales chinos en infraestructura regional.

Según Cosco, el Estado mantiene presencia activa y permanente en el puerto a través de múltiples entidades públicas. Entre ellas figuran la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas), la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Migraciones, la Dirección Nacional Antidrogas, la Policía Fiscal y Ambiental y autoridades sanitarias.

La controversia se centra en el alcance de las funciones de Ositrán dentro de la Ley del Sistema Portuario Nacional, normativa que regula los puertos de gestión pública y privada. El regulador sostiene que, además de supervisar contratos y tarifas en mercados sin libre competencia, le corresponde la defensa de los intereses de los usuarios.

Cosco, en cambio, argumenta que esa función específica está asignada a la Autoridad Portuaria Nacional. El fallo judicial delimita esta interpretación y reconoce la estructura de control estatal establecida por la legislación vigente.

La empresa también remarcó que el puerto no tiene extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria, y que la naturaleza privada del proyecto no afecta la soberanía nacional.

El Puerto de Chancay es una de las inversiones portuarias más relevantes de los últimos años en Sudamérica y está llamado a convertirse en un hub logístico regional. Por ello, la resolución judicial podría marcar un precedente sobre la relación entre operadores privados, reguladores y el Estado en infraestructura estratégica.

Mientras tanto, la compañía reafirmó que continuará cumpliendo la normativa peruana y los mandatos derivados del proceso judicial.