Mientras el Congreso colombiano avanza con una ambiciosa reforma laboral que transforma los recargos dominicales y la jornada nocturna, el sector agropecuario enfrenta un dilema: ¿cómo absorber estos costos en un entorno de informalidad y competencia global? Esta nota explora las consecuencias prácticas para la producción agrícola y ganadera, y sus implicaciones en las cadenas de valor agroalimentarias.

La reciente aprobación de la reforma laboral en Colombia marca un punto de inflexión para todos los sectores productivos, pero en especial para el sector agropecuario, donde la informalidad, los ciclos de cosecha y las jornadas extendidas hacen que el nuevo esquema represente tanto un desafío como una oportunidad. Aumentos progresivos en los recargos dominicales, cambios en la jornada nocturna y la eliminación de un posible contrato agrario especializado generan inquietudes en los gremios rurales y exportadores, que ya enfrentan una creciente presión internacional por mayor trazabilidad, sostenibilidad y valor agregado.

La reforma contempla una reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales en 2026, incrementos en los recargos dominicales hasta llegar al 100 % en 2027, y un nuevo horario nocturno a partir de las 7 p.m., todo esto con límites a las horas extra (máximo 12 semanales). Para un sector que depende de picos de producción, ciclos biológicos y turnos en la madrugada para ordeños, riegos y cosechas, el impacto será directo y contundente en términos de estructura de costos y logística operativa.

El gobierno estima que el sector agropecuario generará más de 90.000 nuevos empleos formales, pero los gremios rurales temen que los nuevos recargos y límites conviertan esta aspiración en una carga para pequeñas y medianas unidades productivas. Sin una figura legal adaptada como el contrato agrario, muchos productores verán limitado su margen para operar eficientemente durante campañas agrícolas estacionales.

Las exportaciones agroalimentarias colombianas -flores, café, frutas, cacao- se verán presionadas por este aumento en el costo laboral, justo cuando enfrentan barreras no arancelarias más estrictas y demandas de sustentabilidad desde mercados como la Unión Europea y EE. UU. Para mantener la ventaja comparativa, los agroexportadores deberán invertir en tecnificación, logística de exportación e incluso en agricultura digital que les permita amortiguar los sobrecostos.

Será necesario rediseñar esquemas laborales flexibles, que respeten la normativa pero atiendan las particularidades rurales. También reactivar la discusión del contrato laboral agrario, una figura que permitiría estacionalidad, cotización proporcional y seguridad jurídica para el trabajo en el campo. Impulsar la inversión en biotecnología, sistemas de trazabilidad, y prácticas sustentables ayudará a mejorar la resiliencia de las cadenas de valor. Igualmente, acceder a financiamiento rural con tasas blandas permitirá absorber el shock de costos e implementar mejoras tecnológicas.

La reforma laboral en Colombia abre un nuevo escenario para el agro: oportunidad de formalización o riesgo de informalidad crónica. Sin políticas diferenciadas ni incentivos adaptados, los pequeños y medianos productores rurales podrían perder competitividad y limitar su inserción en cadenas globales. Es clave una respuesta articulada entre el Estado, gremios, cooperativas y organismos multilaterales para transformar este reto en un motor de modernización e inclusión laboral rural.