Desde el 15 de julio de 2025, Colombia redujo oficialmente su jornada laboral a 46 horas semanales, un paso más en la implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021. Aunque la medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y equiparar al país con estándares internacionales, en el sector agropecuario las repercusiones generan tanto expectativas como incertidumbre.

El agro colombiano, caracterizado por su fuerte dependencia de la mano de obra rural y actividades estacionales, enfrenta ahora el reto de reorganizar sus dinámicas sin afectar la productividad ni incrementar excesivamente los costos operativos.

"Este ajuste nos obliga a replantear turnos y estrategias de producción, especialmente en cultivos intensivos como el café, las flores y los bananos, donde cada hora de trabajo cuenta", señala un vocero de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

Impacto directo en la operación rural

En zonas agrícolas donde la informalidad aún predomina, la ley representa un llamado a la formalización, pero también una presión adicional para pequeños y medianos productores que ya lidian con altos costos logísticos, inflación rural y escasez de trabajadores capacitados.

El tiempo efectivo en finca suele estar condicionado por variables como el clima, la disponibilidad de transporte o los ciclos de cosecha, lo que convierte cada jornada en una ventana crítica. Reducir horas sin perder eficiencia implica más tecnología, mayor planificación y posiblemente más trabajadores para cumplir con los mismos objetivos.

¿Una oportunidad para la innovación rural?

En algunas regiones, esta transición también es vista como una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el campo, atraer talento joven y acelerar la tecnificación.

"Si vamos a trabajar menos horas, necesitamos trabajar mejor. Eso implica formación técnica, acceso a maquinaria, herramientas digitales y un mejor diseño de las jornadas", explica una cooperativa frutícola del Huila.

Las grandes agroindustrias pueden adaptarse con relativa facilidad. Pero en sectores como la agricultura familiar, que representa cerca del 70% de las unidades productivas del país, el impacto podría ser desigual. Para ellas, el apoyo estatal en subsidios, capacitación y crédito rural será clave.

Una transformación cultural en marcha

Más allá de lo económico, la medida también representa un cambio cultural: priorizar el bienestar del trabajador rural, visibilizar su esfuerzo y dotarlo de mejores condiciones. En regiones como Antioquia y Nariño, ya se exploran modelos de rotación laboral y mecanización parcial para aliviar la carga física sin perder productividad.

El desafío, entonces, no es solo técnico: es estructural y humano. La reducción de la jornada laboral en Colombia pone al agro frente a una disyuntiva clave: adaptarse o perder competitividad. Y en ese proceso, se juega también el futuro de la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el empleo en zonas históricamente marginadas.