Desde 2026, entra en vigor el impuesto del 1% sobre remesas físicas enviadas desde EE.UU., parte de la ley One Big Beautiful Bill Act. Analistas de Bancolombia advierten que este gravamen intensifica ya existentes amenazas para economías latinoamericanas, sobre todo en países donde los ingresos familiares dependen de estos envíos. Si bien el porcentaje puede parecer bajo, su efecto agregado incide de manera directa en el consumo privado, sobre todo en zonas con menor capacidad de absorción económica.

El informe señala que, en promedio, las transferencias hacia Colombia, México, El Salvador y Guatemala se reducirían un 0,38% por efecto del impuesto. En Guatemala, la caída estimada es de 0,48%, lo que significa una pérdida de US$95,9 millones frente al total proyectado para 2026; también se prevé que el consumo privado del país disminuya aproximadamente 0,5 puntos porcentuales. Para El Salvador, la merma sería del 0,39% (US$30,1 millones). En México, el impacto porcentual parece menor (una contracción de 0,33%), pero en valores absolutos supera los US$207,8 millones por el alto volumen de remesas que recibe. Colombia vería una caída de 0,32%, equivalente a unos US$20,3 millones.

La manera en que se asume el costo del impuesto -si lo paga el remitente manteniendo intacta la suma enviada, si se descuenta al destinatario, o si se reparte entre ambos- también influye en el grado de afectación de cada país. Según Bancolombia, si los receptores asumieran todo el impuesto, el impacto global sería relativamente bajo; pero esto no reduce la vulnerabilidad de comunidades de bajos recursos.

Centroamérica emerge como la región más expuesta. México, El Salvador y Honduras lideran el ranking de vulnerabilidad con puntajes de 6,5, 6,0 y 5,6 en una escala del 0 al 10. Guatemala y Nicaragua se ubican en nivel medio, mientras que países sudamericanos como Colombia, Brasil, Perú o Chile presentan vulnerabilidades mucho menores. Estas mediciones consideran la proporción de remesas sobre el PIB, el número de migrantes (documentados e indocumentados) en EE.UU., y los riesgos de deportaciones asociadas a políticas migratorias restrictivas.

Los efectos no se limitan a la caída directa de ingresos. En Guatemala, por ejemplo, los analistas estiman una pérdida de 0,5 puntos porcentuales del consumo privado, lo que se traduce en menor demanda de bienes y servicios locales y presiones sobre producción y empleo rural. Para muchos hogares, especialmente los rurales, las remesas financian alimentos, salud, educación e inversiones pequeñas como viviendas o mejoras agrícolas. Una reducción, aunque parezca leve, puede generar tensiones profundas en la economía doméstica.

El informe también apunta que la exposición al impacto migratorio es clave: los migrantes indocumentados son los más afectados por las políticas de detención y deportación, tanto por la pérdida de fuentes de ingreso como por la posibilidad de interrumpir los envíos. México concentra aproximadamente 4,3 millones de indocumentados en EE.UU., seguido por Guatemala y El Salvador con cerca de 850.000 cada uno, y Honduras con 775.000. Las industrias más vinculadas a estos flujos son la construcción y las actividades profesionales.

En términos globales, la suma de las remesas en 2024 enviadas por migrantes documentados hacia México, El Salvador, Guatemala y Colombia superó los US$74.636 millones, mientras que las efectuadas por indocumentados alcanzaron los US$21.815 millones. Estas cifras reflejan no solo la magnitud económica sino la estrecha vinculación entre migración, estructura laboral internacional y bienestar doméstico.

El escenario migratorio y fiscal proyectado para los próximos años plantea retos latentes. Las políticas migratorias más duras, combinadas con este impuesto, demandan respuestas institucionales: apoyos financieros para menores dependientes de remesas, mecanismos que atenúen la carga tributaria sobre los hogares más vulnerables, y cooperación regional para mitigar el efecto adverso sobre consumo y desarrollo local. Además, la diversificación de ingresos y la fortaleza de sectores productivos internos serán claves para amortiguar el golpe.