A tres meses del arranque fuerte de la cosecha de maíz blanco en Sinaloa, productores del estado denunciaron que el Gobierno de México está permitiendo la entrada de volúmenes históricos del grano procedente de Estados Unidos, justo cuando miles de agricultores se preparan para levantar su producción.

La acusación fue planteada por Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, quien advirtió que la combinación de un dólar débil frente al peso y precios internacionales bajos está favoreciendo la importación, pero golpeando directamente la rentabilidad del productor local.

Según el dirigente, la paradoja es evidente: mientras los agricultores sinaloenses enfrentan costos crecientes de insumos, financiamiento y logística, el maíz extranjero ingresa al país en condiciones más competitivas, presionando el mercado interno en la antesala de la trilla.

Sinaloa es el principal productor de maíz blanco para consumo humano en México, por lo que cualquier distorsión en el mercado impacta no solo a los agricultores, sino también a la cadena agroindustrial y a la seguridad alimentaria nacional. El grano sinaloense abastece molinos, industrias de harina y, en buena medida, la elaboración de tortilla en el país.

Espinoza Laguna aclaró que el reclamo no apunta al cierre de fronteras ni a una ruptura comercial, sino a la búsqueda de equilibrio. A su juicio, competir es válido, pero bajo reglas que no coloquen al productor nacional en desventaja estructural frente a importaciones subsidiadas o favorecidas por condiciones cambiarias.

El dirigente también cuestionó la aparente desconexión entre los discursos oficiales y la realidad en el campo. Afirmó que muchos agricultores han permanecido enfocados en salvar el ciclo agrícola ante un panorama ya complejo por los costos y la incertidumbre de precios, lo que ha contenido una movilización más amplia.

En el trasfondo del reclamo aparece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de Sinaloa, cuyo artículo quinto establece que el Estado debe promover la rentabilidad del sector, reducir riesgos y contribuir a la estabilidad de los mercados agroalimentarios. Para los productores, ese mandato implica intervenir cuando las condiciones del mercado amenazan la viabilidad productiva.

La discusión se da en un momento sensible para el mercado mexicano del maíz. México es uno de los mayores importadores mundiales del grano, especialmente de maíz amarillo para forraje, pero el maíz blanco -clave para la alimentación básica- ha sido históricamente dominado por la producción nacional, con Sinaloa como eje.

Si las importaciones de maíz blanco se mantienen en niveles elevados en plena cosecha, los precios pagados al productor podrían ajustarse a la baja, afectando márgenes en un ciclo donde muchos agricultores ya operan con rentabilidades estrechas.

En las próximas semanas, el comportamiento del mercado y las decisiones oficiales en materia comercial y de apoyo directo al campo serán determinantes para definir si el ciclo 2026 deja utilidades razonables o se convierte en un año de pérdidas para miles de familias rurales sinaloenses.