La reciente decisión de la Unión Europea de actualizar su lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo ha encendido alarmas más allá del sector financiero. Lo que aparenta ser una herramienta técnica se ha convertido en un instrumento geopolítico que, en la práctica, puede alterar de forma significativa la competitividad del comercio agroalimentario latinoamericano.

En su revisión de junio de 2025, la UE retiró a Panamá, Barbados, Jamaica y Emiratos Árabes de su llamada "lista gris", mientras incorporó a Venezuela y considera incluir a otros países como Bolivia. Estas decisiones, que se toman con base en las evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), no siempre responden a criterios estrictamente técnicos. Así lo advierten especialistas y organismos civiles que denuncian un sesgo político en la aplicación de sanciones, lo que afecta la soberanía financiera y comercial de países en desarrollo.

En este nuevo escenario, los productores agroexportadores de América Latina ven con creciente preocupación cómo la inclusión en estas listas puede impactar el acceso a créditos internacionales, encarecer las operaciones de comercio exterior y generar reticencia entre socios comerciales europeos. Las consecuencias para la agricultura son directas: encarecimiento del financiamiento, mayores exigencias en trazabilidad, más trabas logísticas, y una disminución del atractivo inversor en sectores clave como la agricultura sostenible, la infraestructura portuaria, y la tecnificación del campo.

La inclusión de un país en esta lista implica que todos los bancos, consultoras y operadores financieros del bloque europeo deben aplicar controles adicionales a cualquier transacción. Esto implica demoras, mayores costos y, en algunos casos, el cierre de operaciones comerciales. Para países que dependen del envío de commodities agrícolas como soja, frutas, café, carne o azúcar, estas restricciones pueden debilitar gravemente sus cadenas de valor agroalimentarias y afectar su balanza comercial.

Más aún, esta presión llega en un momento donde la región necesita reforzar su resiliencia frente a la variabilidad climática, mejorar su sustentabilidad productiva y avanzar hacia una mayor diversificación de mercados. Todo eso requiere inversión, apertura y confianza internacional. Las listas de blanqueo, en lugar de incentivar buenas prácticas, están siendo usadas como palanca de presión diplomática, y podrían derivar en una exclusión silenciosa de los mercados más exigentes.

Expertos en gobernanza global y comercio exterior cuestionan el doble estándar europeo: jamás se ha incluido en la lista a paraísos fiscales dentro del propio territorio europeo, mientras sí se sanciona a países del sur global que enfrentan mayores desafíos estructurales. Esta asimetría se traduce en un riesgo reputacional creciente para los países latinoamericanos, aun cuando estos hayan mejorado sus marcos legales o reforzado sus sistemas de control.

En este contexto, la agricultura latinoamericana vuelve a quedar expuesta. No por malas prácticas internas, sino por decisiones geopolíticas tomadas en Bruselas, que podrían convertirse en barreras no arancelarias encubiertas. Para sectores como el agro, que necesitan previsibilidad, acuerdos claros y logística eficiente, este tipo de medidas introducen una incertidumbre peligrosa.

La próxima votación del Parlamento Europeo, prevista para el 9 de julio, será clave. De ella puede depender si países como Bolivia logran evitar su ingreso en la lista, o si Panamá regresa al escrutinio. Mientras tanto, el mensaje es claro: la gobernanza financiera global ya no es neutral, y América Latina necesita cooperación regional, transparencia institucional y estrategias proactivas para no quedar atrapada en una guerra silenciosa que se libra con listas, no con balas.