El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto que le otorga facultades extraordinarias en materia de seguridad para enfrentar un posible ataque militar de Estados Unidos. La medida, anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tendrá una vigencia de 90 días prorrogables y autoriza al mandatario a desplegar tropas en todo el país.

El decreto también otorga al Ejército la posibilidad de asumir el control de los servicios públicos y de la industria petrolera, considerada la columna vertebral de la economía venezolana. La decisión llega en un contexto de escalada en la tensión bilateral, marcada por acusaciones cruzadas sobre supuestos intentos de desestabilización.

Washington mantiene desplegada en el Caribe una flota de guerra bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones que calificaron como vinculadas al tráfico ilícito de drogas desde Venezuela, provocando la muerte de sus tripulantes. Expertos internacionales han cuestionado la legalidad de esas operaciones.

En paralelo, Maduro ha buscado enviar señales contradictorias: mientras acusa a la administración de Donald Trump de intentar derrocarlo, envió recientemente una carta al mandatario estadounidense proponiendo un diálogo directo para alcanzar una relación "histórica y pacífica".

Rodríguez acusó al senador estadounidense Marco Rubio de "amenazar a Venezuela" y denunció que el gobierno norteamericano prepara planes militares contra su país. Medios como NBC News reportaron que oficiales estadounidenses trabajan en proyectos de ataque a supuestos blancos de narcotráfico dentro de Venezuela.

En respuesta, el gobierno bolivariano intensificó ejercicios militares con participación de milicias civiles, donde se entrenó a voluntarios en el uso de armas. Según el discurso oficial, se busca preparar a la población ante una "posible incursión" de tropas extranjeras.

El decreto firmado por Maduro establece que estas atribuciones especiales podrán extenderse otros 90 días, conforme a lo previsto en la Constitución venezolana.

Con este paso, Caracas profundiza la confrontación política y militar con Washington, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país y que ya se refleja en tensiones diplomáticas en la región.