Motosierra en el Instituto de Yerba: el INYM despide a uno de cada cuatro empleados y redefine su rol
Con la llegada de la nueva conducción, el Instituto Nacional de la Yerba Mate ejecutó un fuerte recorte de personal y profundiza el ajuste en el organismo que regula la principal economía regional de Misiones.
El ajuste del Estado también llegó al corazón de la economía yerbatera. En Posadas, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) concretó en las últimas horas un recorte de alrededor del 25% de su planta de personal, con la desvinculación de entre 20 y 21 empleados, sobre un total de 84 trabajadores.
La decisión se conoció a casi tres semanas de la asunción del nuevo presidente del organismo, el contador Rodrigo Correa, designado por el presidente Javier Milei tras casi dos años de acefalía formal en el ente.
Si bien no hubo un comunicado oficial detallando los alcances del recorte, fuentes cercanas al Instituto indicaron que las cesantías alcanzaron principalmente a las áreas de extensión yerbatera, control de empresas, registro y fiscalización. Además, no se descartan más despidos, junto con un recorte de la flota operativa, que hoy cuenta con unas 25 camionetas.
El ajuste se da en paralelo a una redefinición presupuestaria del organismo. En su primera reunión de directorio, Correa logró consenso -no unánime- para aumentar la Tasa de Fiscalización, la estampilla que paga cada kilo de yerba mate. El valor pasará de $25 a $32 por kilo, una suba del 28%, con la que se proyecta un presupuesto de $8.500 millones para 2026. Los representantes de la industria fueron los únicos que no avalaron el incremento.
"Vamos a trabajar en el marco de la normativa vigente para avanzar en la modernización del Instituto y en un proceso de desburocratización", sostuvo Correa en declaraciones institucionales, donde remarcó que el objetivo es facilitar la actividad de los operadores del sector, sin resignar controles de calidad en los distintos eslabones de la cadena yerbatera.
Desde el organismo evitaron, por ahora, hacer declaraciones puntuales sobre los despidos. El propio Correa había anticipado al asumir que se tomaría un tiempo antes de fijar públicamente los lineamientos de su gestión, aunque el ajuste deja en claro el rumbo elegido.
La primera reunión del directorio encabezada por Rodrigo Correa tuvo participación completa de todos sus integrantes, aunque los dos representantes del sector industrial se desmarcaron y no acompañaron el aumento de la estampilla, que pasó de $25 a $32 por kilo.
Los recortes, lejos de generar rechazo generalizado, cuentan con el respaldo de amplios sectores de la actividad. Industriales, productores e incluso pequeños yerbateros vienen cuestionando desde hace años la politización del INYM, su estructura burocrática y la falta de reacción frente a la crisis del sector, especialmente tras la pérdida de facultades regulatorias.
Cabe recordar que, con el DNU 70/2023, el Instituto perdió la potestad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, además de otras herramientas clave como el control de nuevas plantaciones, el calendario de cosecha y controles sanitarios más estrictos. Desde entonces, su rol quedó sensiblemente reducido.
En contraposición, el gobierno de Misiones, junto con pequeños productores, tareferos y sectores cooperativos, siguen reclamando -cada vez con menos expectativas- la restitución de esas facultades, al considerar que el mercado desregulado profundizó la crisis en las chacras.
El INYM fue creado por la Ley 25.564, tras el histórico "tractorazo" que paralizó Posadas a comienzos de los 2000, cuando cientos de productores reclamaron por precios de miseria y pobreza estructural en las zonas yerbateras. Más de dos décadas después, el organismo atraviesa una de las transformaciones más profundas desde su nacimiento, con menos poder, menos personal y una misión todavía en redefinición.
