Algodón: el Gobierno endurece los controles para frenar la informalidad del sector
Una nueva resolución incorpora inteligencia artificial en plantas procesadoras para combatir la informalidad y abrir la puerta a más tecnología e inversiones.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) oficializó el 30 de julio la Resolución 392/2026, que obliga a todas las plantas deslintadoras de algodón a incorporar cámaras con inteligencia artificial para controlar el ingreso de semillas sin documentación respaldatoria. La medida apunta a reducir la elevada informalidad que afecta a la cadena algodonera y que limita la llegada de nuevas inversiones, genética de última generación y eventos biotecnológicos. El impacto resulta estratégico para una economía regional clave del NEA que busca recuperar competitividad frente a otros países productores.
Los números muestran la magnitud del desafío. Entre 2022 y 2024, apenas el 57% de la producción de algodón fue trasladada con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV), el registro oficial administrado por Senasa. Esto significa que más de cuatro de cada diez toneladas circularon sin trazabilidad documental, un escenario que afecta la transparencia del mercado y dificulta el desarrollo de toda la cadena. La nueva normativa busca cerrar ese circuito mediante controles automatizados en el primer eslabón industrial, donde comienza el procesamiento de la semilla destinada tanto a la siembra como a la industria aceitera y la alimentación animal.
El diagnóstico sobre el mercado de semillas expone una realidad todavía más preocupante. La superficie sembrada requiere unas 10.200 toneladas de semilla por campaña, pero únicamente unas 5.500 toneladas cuentan con respaldo documental, mientras que cerca de 4.700 toneladas circulan fuera del sistema formal. A su vez, apenas 2.500 toneladas corresponden a semilla fiscalizada, equivalente a alrededor del 25% del mercado potencial. Este escenario reduce significativamente el incentivo para que empresas desarrolladoras de genética y biotecnología inviertan en la Argentina, ya que solo una fracción del negocio puede generar retorno económico.
La baja utilización de semillas fiscalizadas tiene consecuencias directas sobre la productividad. Sin un mercado formal que remunere la innovación, las compañías internacionales encuentran escasos incentivos para incorporar nuevas variedades o eventos biotecnológicos al país. Esa situación explica parte de la brecha de rendimiento que existe frente a Brasil, donde la adopción tecnológica y la protección de la propiedad intelectual ofrecen condiciones mucho más atractivas para la inversión. El resultado es un cultivo que pierde competitividad y limita su potencial de crecimiento tanto en producción como en exportaciones.
La Resolución 392/2026 establece que las cuatro plantas deslintadoras que operan en el país deberán instalar sistemas de cámaras con inteligencia artificial para monitorear el ingreso de semillas y el proceso de toma de muestras. El equipamiento será financiado por el sector privado y su implementación se proyecta antes del inicio de la campaña 2026/27. El objetivo es fortalecer la trazabilidad desde el origen, reducir la circulación de semilla sin respaldo documental y generar un marco de mayor previsibilidad para productores, empresas y desarrolladores tecnológicos.
La decisión de incorporar tecnología al control del mercado representa un cambio relevante para una economía regional que necesita recuperar competitividad. Con una mayor formalización, el sector podría ampliar el uso de genética de alto rendimiento, atraer inversiones privadas y mejorar los niveles de productividad. El desafío ahora será que la nueva herramienta logre reducir la informalidad estructural, una condición considerada indispensable para que el algodón argentino vuelva a ganar protagonismo en un mercado internacional donde la innovación y la trazabilidad pesan cada vez más.
