El 27 de febrero de 2026, el juez federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez declaró la nulidad de la resolución 460/2025 del Senasa, que habilitaba el ingreso de carne bovina con hueso a Santa Cruz desde zonas del país que vacunan contra la fiebre aftosa. El fallo hizo lugar al amparo presentado por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) y frenó la aplicación de la norma en la provincia. La decisión es clave porque protege el estatus sanitario diferencial de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, una condición que abre mercados premium y define la competitividad regional.

La resolución ahora anulada, firmada a fines de junio de 2025 por el entonces presidente del Senasa, Pablo Cortese, levantaba parcialmente la histórica barrera zoofitosanitaria patagónica, que impide el ingreso de carne con hueso y animales vivos desde el norte -zona libre con vacunación- hacia el sur.

Esa barrera es mucho más que un control interno: es la "llave comercial" que sostiene el reconocimiento internacional otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a la Patagonia como región libre sin vacunación. En términos prácticos, significa acceso a mercados de alto valor, especialmente en Europa, donde la trazabilidad y el estatus sanitario pesan tanto como el precio.

En su sentencia, Vázquez fue directo. Si el propio organismo técnico admite que el riesgo epidemiológico es "mínimo" o "muy bajo", entonces no es inexistente. Y cuando el riesgo no es cero, sostuvo el magistrado, corresponde aplicar el principio precautorio.

Para el juez, asumir ese riesgo en una región que ostenta el máximo estándar sanitario nacional resulta irrazonable si no hay un beneficio concreto que lo justifique. La flexibilización, en otras palabras, no demostró ventajas sanitarias ni económicas suficientes frente a la posibilidad -aunque baja- de reintroducción de la fiebre aftosa.

La enfermedad, que generó pérdidas multimillonarias a nivel global, es un fantasma que el sur argentino no está dispuesto a volver a enfrentar.

El fallo también ponderó el peso histórico y cultural de la ganadería ovina en Santa Cruz. Según el magistrado, no se trata de una actividad secundaria, sino del eje fundacional de la economía patagónica continental.

En una provincia donde la matriz productiva compite con minería e hidrocarburos, la ganadería aparece como modelo de aprovechamiento renovable del territorio y sostén del arraigo rural. Exponerla a un riesgo evitable, sostuvo el juez, afecta no solo a los productores actuales sino a la continuidad intergeneracional del sistema.

Además, valoró que Santa Cruz avanza con un marco propio -Ley Provincial N° 3945- para reforzar los controles fitosanitarios.

Desde FIAS celebraron la decisión. César Guatti, representante en la Mesa Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), afirmó que el fallo interpretó el reclamo de los productores y advirtió sobre la "potencialidad muy grande" de dañar las producciones locales si se relajaban los controles.

Más allá del alivio inmediato, el dirigente planteó la necesidad de consensuar medidas entre el Estado nacional y las provincias. En un país atravesado por tensiones como las retenciones, la brecha cambiaria o los programas tipo "dólar agro", la señal política también importa: la previsibilidad es un activo tan valioso como el estatus sanitario.

El revés judicial no es un hecho aislado. Se inscribe en un debate más amplio sobre cómo posicionar a la Argentina en el comercio internacional de carnes. Mientras Brasil consolida su volumen exportador y Uruguay capitaliza su reputación sanitaria, la Patagonia argentina defiende su diferencial como nicho premium.

La discusión de fondo es estratégica: ¿conviene homogeneizar criterios para ganar escala o sostener segmentaciones que permiten capturar mayor valor por tonelada? En tiempos donde la trazabilidad, la huella sanitaria y las barreras paraarancelarias pesan cada vez más, la decisión judicial refuerza la apuesta por el estándar más alto.

El fallo de Río Gallegos marca un límite a la flexibilización sanitaria impulsada por el Gobierno y devuelve centralidad a la barrera patagónica. Para el sur productivo, no se trata solo de impedir el ingreso de carne con hueso, sino de preservar un activo estratégico que define su inserción en el mundo.

La Argentina, que necesita dólares genuinos y mayor agregado de valor, enfrenta un dilema clásico: volumen o diferenciación. Por ahora, la Justicia inclinó la balanza a favor del blindaje sanitario. El desafío será transformar esa ventaja en más exportaciones y mejor posicionamiento internacional, sin quedar atrapados en disputas internas que resten competitividad al conjunto del país.