En un contexto económico desafiante, el Gobierno de Córdoba anunció que el impuesto inmobiliario rural 2025 aumentará por debajo de la inflación y sumará un beneficio inédito para los productores que implementen Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). La medida fue acordada tras un encuentro entre autoridades provinciales y representantes de la Mesa de Enlace, marcando un nuevo ejemplo de diálogo institucional entre el sector público y privado.

El punto más destacado del anuncio fue la incorporación de un seguro multirriesgo que cubrirá daños superiores al 70% causados por sequías, inundaciones, granizo, viento o heladas. El programa, que se aplicará inicialmente como prueba piloto sobre 550.000 hectáreas, premiará a los productores que acrediten la aplicación de BPA, buscando vincular la sustentabilidad con herramientas concretas de protección ante el cambio climático.

"El inmobiliario rural quedó por debajo de la inflación, fruto del diálogo", destacó Sebastián Laborde, dirigente de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba, en el marco del 160° aniversario de la entidad. Además, subrayó que "Córdoba viene mostrando una política impositiva previsible y constructiva, con beneficios para los productores que trabajan en la formalidad y la sustentabilidad".

El acuerdo también ratifica la continuidad del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que financia obras en caminos rurales y seguridad, fundamentales para la conectividad productiva. "Sabemos que esos fondos se traducen en obras -remarcó Laborde-. Córdoba tiene más de 55 mil kilómetros de caminos rurales, y aunque la situación es compleja, se están viendo avances concretos".

Entre los puntos acordados, el Gobierno provincial confirmó que el pago único del impuesto podrá realizarse sin actualización hasta el 10 de mayo, y que se trabaja junto al Banco de Córdoba para permitir su abono con tarjeta de la entidad, facilitando la operatoria para los productores.

Asimismo, se discutió la necesidad de revisar el tratamiento impositivo de las mejoras edilicias rurales, como galpones e infraestructura, con el objetivo de impulsar la inversión productiva. También se planteó la posibilidad de reducir los sellos en contratos agropecuarios y compraventa de maquinaria, que podrían bajar a 0,50% y 0,25% respectivamente, especialmente para maquinarias fabricadas en la provincia.

Con esta medida, Córdoba consolida una política fiscal diferenciada dentro del país, basada en la previsibilidad, el estímulo a la inversión y el reconocimiento al productor responsable. El nuevo esquema refuerza el posicionamiento de la provincia como un modelo de gestión agropecuaria moderna y sustentable, donde el consenso y el diálogo son la base de las decisiones.