La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) abrió un fuerte conflicto dentro de la cadena del vino, luego de que la Asociación de Viñateros de Mendoza, junto a otras entidades del sector, presentara un amparo judicial para frenar algunos de los cambios impulsados por el Ejecutivo. La reacción oficial no tardó en llegar y fue encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cuestionó con dureza la iniciativa y habló de "argumentos delirantes" utilizados para sostener viejas regulaciones.

El eje del conflicto está puesto en la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que durante años fue exigido a los productores y que ahora pasó a ser opcional. Desde los sectores que recurrieron a la Justicia sostienen que el CIU es clave para garantizar trazabilidad, formalidad y evitar la competencia desleal, pero el Gobierno asegura que se trata de una carga burocrática innecesaria que terminó perjudicando a la propia industria.

En un mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger defendió la reforma y recordó que la desregulación del INV permitió quitar miles de restricciones, obligaciones y trámites que pesaban sobre la vitivinicultura. En ese contexto, explicó que la decisión sobre el CIU se tomó a partir de datos concretos: el 45% de los productores que estaban obligados a usarlo dejó de hacerlo, aun cuando seguía siendo obligatorio. "Por eso lo hicimos opcional: el que lo necesita, lo usa; el que no, no", sostuvo el ministro.

Con un tono irónico, el funcionario comparó la presentación judicial de los viñateros con la estrategia que utilizó la AFA para frenar la posibilidad de que los clubes adopten Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tras el DNU 70/23. Bajo el título "La Asociación de Viñateros de Mendoza y el ‘Chiqui' Tapia, un solo corazón", afirmó que en ambos casos se busca impedir que los actores puedan elegir libremente, por temor a perder poder y control.

Sturzenegger también apuntó contra la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) y planteó dos posibles motivos detrás del reclamo judicial. Por un lado, sostuvo que el CIU funcionaba como una herramienta de control del mercado, al concentrar información estratégica sobre el movimiento de la uva, lo que podría facilitar prácticas anticompetitivas y de cartelización. Por otro, señaló que sin el certificado se dificultaría el cobro de una tasa obligatoria que la COVIAR seguiría percibiendo, pese a tener su mandato vencido desde 2020.

Para el ministro, el conflicto deja al descubierto intereses que poco tienen que ver con el desarrollo de la actividad. "Es muy triste ver cómo algunos se escudan en la regulación para dañar a sus propios colegas", afirmó, aunque destacó que más de 50 bodegas y la Asociación de Viñateros de San Juan respaldan la desregulación y la opción de que el CIU sea voluntario.

En su análisis, Sturzenegger también hizo un repaso histórico de las regulaciones que marcaron a la vitivinicultura argentina, como la prohibición impuesta en 1934 a la producción de vino fuera de Cuyo, una medida que -según recordó- frenó el desarrollo de la actividad en varias provincias durante décadas. Ese antecedente le sirvió para reforzar su postura de fondo: la regulación como freno a la producción, la competencia y la innovación.

Con un mensaje alineado al discurso del presidente Javier Milei, el ministro cerró con una definición política clara: "La regulación suele ser un lobo con piel de cordero". Y concluyó con un pedido directo a la Justicia para que falle "del lado de la producción y la libertad, y no de los intereses de una o dos corporaciones".