A pocos días de conocerse la amplia desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) impulsada por el Gobierno nacional, el tablero vitivinícola se movió fuerte: cuatro entidades del sector presentaron un amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza para frenar la derogación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento que consideran clave para garantizar trazabilidad, transparencia y derechos de propiedad.

El pedido fue elevado por la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas (Carpa). Las entidades solicitan la nulidad de la resolución 37/2025, firmada por el titular del INV, Carlos Raúl Tizio Mayer, que elimina 973 normas y redefine el modelo de control: deja de auditar el proceso productivo para enfocarse únicamente en el producto final. La medida forma parte del paquete presentado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, cuyo objetivo declarado es recortar 140.000 permisos y 3000 inspecciones anuales.

El corazón del conflicto está en la eliminación del CIU, un documento que, para los viñateros que trabajan bajo contratos de maquila, es el único respaldo oficial que certifica cuántos kilos de uva entregaron y con qué calidad. De allí que lo definan como la "partida de nacimiento" del vino.

Según detallan las entidades en la presentación judicial, reemplazar el CIU por una declaración jurada unilateral de la bodega destruye la bilateralidad del control y deja al productor primario -el eslabón más débil de la cadena- "a merced de lo que declare el industrial", sin herramientas para defender su propiedad.

El documento también advierte que la medida provoca un vacío en la recaudación previsional. Hoy la Tarifa Sustitutiva -mecanismo que simplifica los aportes de los trabajadores rurales mediante el Convenio de Corresponsabilidad Gremial- se liquida automáticamente a partir de los datos del CIU. Sin ese instrumento, sostienen, "se frustra la recaudación y se empuja al sector nuevamente a la informalidad", lo que afectaría obra social y jubilación de miles de trabajadores.

El reclamo también apunta a que una resolución administrativa no puede derogar leyes nacionales como la Ley de Vinos, la Ley de Maquila o la Ley de Contratistas de Viña. En el texto judicial se señala una presunta "desviación de poder" y una "arbitrariedad manifiesta" al sustituir un sistema de control probado por declaraciones unilaterales que promueven la especulación.

Antes del amparo, una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, firmada por ministros de Producción de ocho provincias y diversas entidades sectoriales, ya advertía que la desregulación afectaba la trazabilidad integral de la industria. Señalaron que el sistema vigente, construido durante décadas, es la base que sostiene la transparencia en cada eslabón de la cadena.

Tras avanzar con el plan, Sturzenegger viajó a Mendoza y presentó un informe que remarcó que Argentina posee 200.000 hectáreas de vid, frente a las 117.000 hectáreas de Chile, aunque ambos producen niveles similares: 900 millones de litros de vino anuales.

Los principales cambios incluyen:

• Eliminación de permisos de traslado para vino a granel.

• Fin de la aprobación previa de etiquetas por parte del INV.

• Mantenimiento de un único trámite obligatorio: la "libre circulación", que solo verifica aptitud de consumo.

La resolución entraría en vigencia el 1 de enero de 2026, por lo que el sector busca una definición judicial urgente ante la inminencia de la vendimia.