En juego US$ 350 millones: la Argentina salió a defender su biodiésel en Europa
Una decisión que se discute en Bruselas podría afectar exportaciones por US$350 millones y el futuro de una industria estratégica.
La Argentina llevó adelante una intensa gestión diplomática y empresarial en Bruselas para defender el acceso del biodiésel nacional al mercado europeo, luego de que el Parlamento Europeo rechazara una propuesta que pretendía considerar a la soja como un cultivo de alto riesgo de Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (ILUC). La reunión se realizó este jueves entre funcionarios argentinos, representantes de la Comisión Europea y referentes del sector privado, en un momento clave para una actividad que el año pasado generó alrededor de US$350 millones en exportaciones. La definición es estratégica porque Europa es hoy el único gran mercado que mantiene abierto el ingreso del biodiésel argentino.
La preocupación del sector agroindustrial radica en que una eventual clasificación negativa de la soja podría derivar en nuevas restricciones comerciales para el biodiésel argentino. El antecedente genera inquietud: en 2016, Estados Unidos cerró prácticamente su mercado mediante la aplicación de elevados aranceles, dejando a la Unión Europea como el principal destino de las ventas externas. En un contexto en el que la economía argentina necesita generar más dólares genuinos, una medida adversa podría tener consecuencias directas sobre la industria aceitera, la producción y el ingreso de divisas. El debate excede al biodiésel y se transforma en una discusión sobre competitividad y agregado de valor en origen.
La delegación argentina estuvo integrada por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, el embajador argentino ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, funcionarios de Agricultura y representantes de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). El objetivo fue lograr que la futura reglamentación europea incorpore el criterio adoptado por el Europarlamento y descarte definitivamente cualquier penalización a la producción sojera del Mercosur. La estrategia oficial apunta a demostrar que el modelo agrícola argentino presenta características productivas muy diferentes de las que reflejan los informes utilizados en Europa.
El sector privado defendió el modelo productivo argentino
Durante la reunión, el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, presentó datos que muestran que la superficie sembrada con soja en la Argentina no aumentó en los últimos años e incluso registró una contracción. Además, explicó que gran parte del crecimiento productivo provino de la denominada soja de segunda, implantada luego de cultivos de invierno sobre tierras ya agrícolas, sin necesidad de expandir la frontera productiva. Según el dirigente, esta realidad demuestra que no existe un impacto significativo sobre el cambio indirecto del uso del suelo, uno de los principales argumentos utilizados por sectores europeos para cuestionar a los biocombustibles derivados de soja.
Desde la agroindustria también se impulsó una propuesta para que el cálculo del riesgo ILUC se realice sobre la base de datos nacionales y regionales, y no mediante estimaciones globales que podrían perjudicar injustamente a los países sudamericanos. Además, se solicitó incorporar el concepto de cultivos secuenciales, una práctica respaldada por la FAO que permitiría impulsar nuevas cadenas productivas vinculadas a la camelina, carinata, colza y cártamo, ampliando las oportunidades de exportación hacia la Unión Europea.
Una negociación decisiva para el futuro del agroindustrial argentino
En el sector consideran que el desenlace de esta negociación será determinante para el futuro de una de las principales industrias exportadoras del país. La posibilidad de perder competitividad en Europa encendería una nueva señal de alarma para el complejo sojero, uno de los mayores generadores de divisas de la Argentina. Por ese motivo, desde Ciara destacaron el trabajo conjunto entre la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la representación diplomática en Bruselas para defender los intereses nacionales.
La discusión también expone un desafío más amplio para la agroindustria argentina: adaptarse a un comercio internacional cada vez más condicionado por las exigencias de trazabilidad, sustentabilidad y huella ambiental, sin resignar competitividad frente a otros exportadores. Mientras Europa redefine sus normas, la Argentina intenta demostrar que su sistema productivo puede cumplir con esos estándares y, al mismo tiempo, preservar un negocio que hoy representa cientos de millones de dólares y miles de puestos de trabajo vinculados a la cadena agroindustrial.
