La Facultad de Agronomía de la UBA alertó que, en el inicio del ciclo lectivo 2026, la renuncia de 83 docentes e investigadores -sumada a cesantías y jubilaciones anticipadas- pone en riesgo la continuidad académica, en un contexto de crisis salarial y presupuestaria que impacta directamente en la formación del sector agropecuario argentino.

En un momento clave para el desarrollo del campo argentino, donde la innovación, la tecnificación y la formación profesional son pilares de la competitividad, la situación en la FAUBA encendió señales de alarma dentro de toda la cadena de valor agroindustrial. La institución, históricamente vinculada al desarrollo de tecnologías como la siembra directa, la mejora genética y las buenas prácticas agrícolas (BPA), enfrenta una pérdida acelerada de capital humano estratégico.

Desde el decanato, encabezado por la investigadora Adriana Rodríguez, señalaron que el fenómeno no se limita a los docentes. También crecen las renuncias entre trabajadores no docentes y los pedidos de jubilaciones anticipadas, lo que profundiza el deterioro operativo de una de las principales usinas de conocimiento del agro nacional.

"La pérdida de profesionales con formación de posgrado y trayectoria internacional impacta directamente en la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión", advirtió Rodríguez. En muchos casos, se trata de especialistas en áreas críticas como sanidad vegetal, manejo de cultivos, genética y sustentabilidad, que migran al exterior ante la imposibilidad de sostener condiciones salariales competitivas.

El trasfondo del conflicto es estructural. La FAUBA no cuenta con presupuesto propio desde 2022 y, según datos oficiales, los salarios acumulan una pérdida del 34% desde noviembre de 2023. Este deterioro repercute no solo en la institución, sino también en el ecosistema científico-tecnológico vinculado al agro, donde organismos como el INTA y el SENASA dependen en gran medida de la formación de recursos humanos calificados.

La crisis llega en un momento donde el sector enfrenta desafíos crecientes asociados al cambio climático, la necesidad de mejorar rindes y la presión por agregar valor a la producción primaria. Sin profesionales capacitados, advierten desde el ámbito académico, se compromete la capacidad del país para sostener su liderazgo en producción de granos, ganadería y agronegocios.

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia salarial y presupuestaria para 2026 y reclamó la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El pedido, dirigido al Poder Ejecutivo, busca una recomposición acorde a la inflación que permita sostener áreas sensibles como la investigación y la formación técnica.

"La educación agropecuaria es un eslabón estratégico para la seguridad alimentaria y la competitividad del país", remarcaron desde la facultad, al tiempo que convocaron a visibilizar el conflicto. La advertencia no es menor: sin inversión en conocimiento, el impacto se trasladará a mediano plazo a la productividad, la rentabilidad y la inserción internacional del agro argentino.

La situación en la FAUBA refleja un problema más amplio que atraviesa al sistema universitario público. Pero en este caso, el impacto adquiere una dimensión particular: se trata de la formación de los profesionales que luego estarán al frente de decisiones clave en el manejo de cultivos, la gestión de insumos, la sustentabilidad y la innovación tecnológica en el campo.