El debate por las aplicaciones de fitosanitarios volvió a ganar centralidad en el corazón productivo bonaerense. La razón: el Procurador General de la Suprema Corte de Buenos Aires, Julio Conte Grand, recomendó suspender las ordenanzas municipales que regulan las pulverizaciones en Tandil y Rauch, dos distritos donde la convivencia entre agricultura y población rural es una discusión que nunca terminó de cerrarse. El dictamen, revelado por El Eco de Tandil, señala que las normas locales podrían no ajustarse a los estándares de protección ambiental que establecen la Constitución Nacional y la legislación provincial, y pide especial resguardo para niños y niñas. También sugiere la intervención del gobierno provincial, al entender que el conflicto excede lo municipal por involucrar una cuenca hídrica compartida.

La presentación judicial que originó este paso procesal fue realizada por la organización vecinal Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleofú, integrada por habitantes de Tandil, Gardey, Vela y Rauch. Según sus argumentos, las decisiones de un municipio pueden impactar directamente en el otro, y las ordenanzas que fijan distancias de aplicación respecto de escuelas, pozos o cursos de agua no garantizan una protección suficiente. El planteo llegó a la Suprema Corte mediante una acción originaria de inconstitucionalidad, una vía que habilita al Tribunal a intervenir de manera directa.

El caso tomó impulso cuando los vecinos presentaron análisis de calidad de agua elaborados junto con universidades y laboratorios públicos, que detectaron múltiples principios activos. Entre ellos, se encontró 24D, Atrazina y Glifosato, pero también endosulfán, un producto prohibido internacionalmente por el Convenio de Estocolmo. "Los resultados son lapidarios, y por eso el procurador emite un dictamen de esta naturaleza", sostuvo el abogado de la agrupación, Joaquín Benavídez, quien pidió una resolución urgente ante la cercanía de la temporada estival, cuando la actividad agrícola y el uso recreativo del agua se superponen.

En Tandil, el dictamen vuelve a colocar bajo la lupa una ordenanza aprobada en 2021 tras meses de audiencias, debates, estudios y tensiones entre productores, ambientalistas, médicos, investigadores y funcionarios. La norma introdujo nuevos límites y requisitos para aplicaciones terrestres y aéreas, pero fue objeto de recursos judiciales y revisiones permanentes. Para algunos sectores, las distancias siguen siendo insuficientes; para otros, representan un equilibrio razonable entre producción y regulación. Ahora, la intervención de la Procuración reabre un capítulo que parecía estabilizado.

Conte Grand argumentó que las ordenanzas no pueden establecer niveles de protección inferiores a los previstos por las normas provinciales y nacionales que integran el llamado bloque de legalidad ambiental. Ese es el núcleo del conflicto: hasta dónde pueden regular los municipios en un tema donde la jurisdicción provincial tiene un peso determinante.

La decisión final queda en manos de la Suprema Corte bonaerense, que puede suspender preventivamente las ordenanzas mientras analiza el fondo del asunto, o bien rechazar la medida cautelar y continuar con el trámite ordinario. No hay plazos fijados, pero el dictamen del Procurador aceleró los tiempos y puso en estado de alerta a productores, vecinos y autoridades municipales. El debate, lejos de cerrarse, vuelve a instalarse con fuerza en una región donde producción, salud y ambiente conviven en tensión permanente.