En un intento por contener los precios de los combustibles y evitar un nuevo impulso inflacionario, el Gobierno de Javier Milei resignó más de USD 2.100 millones en ingresos fiscales durante 2025, según estimaciones privadas. La decisión de aplazar la aplicación completa del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono (CO) impacta de lleno en el equilibrio de las cuentas públicas, pero también en la dinámica de costos del sector agropecuario, donde el gasoil es insumo esencial para la producción y el transporte.

De acuerdo con el informe de la consultora Energía y Economía, entre enero y noviembre el Estado dejó de percibir USD 2.141 millones por la actualización parcial de ambos tributos. Solo en noviembre, la pérdida de recaudación se estima en USD 161 millones, al aplicarse una porción menor del ajuste previsto por ley.

La normativa establece que los impuestos deben actualizarse trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero en los últimos años esa actualización se aplicó de manera parcial o diferida. El objetivo es moderar el traslado de costos a los consumidores, aunque eso implique una menor recaudación y un mayor esfuerzo fiscal.

En la práctica, la medida frenó aumentos más fuertes en los surtidores. Según cálculos privados, el incremento total pendiente equivaldría a $191,1 por litro de nafta y $111,1 por litro de gasoil, valores que habrían provocado un salto abrupto en los precios finales.

En regiones de alta actividad productiva, como la Patagonia y el interior del país, el Gobierno aplicó un tratamiento diferencial con menores cargas tributarias, buscando amortiguar el impacto en sectores que dependen fuertemente del combustible, entre ellos la producción agrícola, ganadera y de transporte rural.

La decisión llega en un momento clave para el campo argentino, que enfrenta márgenes ajustados y costos logísticos en alza. El gasoil, esencial para la siembra, cosecha y transporte de granos, representa entre el 10% y el 20% de los costos operativos según la actividad y la región. Por eso, la contención del precio en el surtidor ofrece un alivio temporal, aunque con efecto transitorio.

A largo plazo, economistas advierten que la postergación del impuesto genera tensiones fiscales y podría derivar en subas acumuladas más fuertes hacia fin de año, afectando nuevamente al agro. Si en diciembre se aplicara la actualización completa, el litro de gasoil podría superar los $1.100, lo que encarecería los costos logísticos y de producción en plena campaña de granos gruesos.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, las ventas de combustibles cayeron 3,1% en septiembre y 2,9% en agosto, evidenciando un consumo más débil pese a los precios contenidos. Aun así, Argentina se mantiene entre los países con nafta más barata de Sudamérica, con un promedio de USD 1,08 por litro, según Global Petrol Prices.

En síntesis, la política de congelar parcialmente los impuestos a los combustibles busca evitar un nuevo salto inflacionario, pero deja en evidencia el dilema estructural del modelo energético argentino: equilibrar la necesidad fiscal con la competitividad de un sector clave como el agro, que sigue siendo el motor de las exportaciones y de la economía nacional.