Un nuevo frente de conflicto volvió a encender la tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario. La diputada de Unión por la Patria Lucía Klug, alineada con Juan Grabois, presentó un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), un tributo que busca gravar las emisiones de metano generadas por bovinos en los sistemas ganaderos.

El metano -uno de los principales gases de efecto invernadero- se libera en la producción ganadera a través de la fermentación entérica y del manejo de estiércol. Según el texto, la iniciativa apunta a "mitigar la emisión y hacer factible a largo plazo la actividad económica", mediante la creación de un fondo fiduciario que compensaría dichas emisiones a través de la gestión de residuos urbanos.

Pero el anuncio provocó un rechazo unánime entre las entidades del agro. Para Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la propuesta "no es una discusión ambiental", sino "otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que atacan al sector que sostiene al país". En la misma línea, Carbap fue directa: "Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción", advirtió la entidad, al señalar que la iniciativa solo profundiza la presión fiscal sobre el productor.

El proyecto justifica la tasa al señalar que, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la provincia de Buenos Aires genera un cuarto de las emisiones del país, y que el 27% de esas emisiones corresponde al metano. De ese total, la ganadería explica el 19%, mientras que los residuos urbanos aportan el 6%. La norma propone que el tributo se aplique sobre los kilogramos de CO equivalente que emita cada establecimiento.

Los sujetos alcanzados serían las empresas ganaderas radicadas en territorio bonaerense. Para el campo, sin embargo, la iniciativa parte de una lectura errada del sistema productivo. "Necesitamos -y exigimos- dirigentes que trabajen a favor de la producción, no quienes traen ocurrencias desconectadas de la realidad", remarcó CRA.

En un contexto donde la ganadería enfrenta desafíos de precios, competitividad y demanda interna, la posibilidad de sumar un nuevo impuesto ambiental reaviva un debate de fondo: cómo equilibrar las metas climáticas con políticas productivas que no frenen la actividad.