Nada se parece tanto a la injusticia como a la Justicia que llega tarde". Con esa frase del filósofo romano Séneca, las entidades rurales de Corrientes decidieron ponerle palabras al malestar que se viene acumulando desde hace meses en el interior de la provincia. La inseguridad rural no da tregua y, según denuncian los productores, la respuesta judicial está lejos de estar a la altura del problema.

En un duro comunicado, la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y la Federación de Sociedades Rurales de Corrientes coincidieron en un diagnóstico común: la Policía Rural investiga y avanza, pero los procesos se frenan en la Justicia. Las críticas apuntan de manera directa al fiscal Facundo Sotelo, de la Unidad de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres, a quien acusan de dilatar procedimientos clave.

Según denunciaron las entidades, cinco unidades de la Policía Rural permanecen a la espera de órdenes judiciales, incluso expuestas a las inclemencias del tiempo, sin poder avanzar con aprehensiones en causas donde ya habría indicios firmes. "Este retraso no sólo desalienta la labor policial, sino que interfiere con la necesaria coordinación entre la Fiscalía y las fuerzas de seguridad", advirtieron.

El reclamo se da en un contexto especialmente sensible. Corrientes fue recientemente calificada por el Foro de Seguridad Rural Argentino como zona insegura para la producción ganadera, actividad en la que la provincia ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. En las áreas lindantes con el río Uruguay, sobre la frontera con Brasil, el abigeato, la faena ilegal, la caza furtiva y el robo de maquinaria se multiplican, al punto de que algunos productores optan por abandonar los campos para evitar mayores pérdidas.

Las zonas más comprometidas, según los informes sectoriales, son los departamentos de Bonpland, Paso de los Libres, Yapeyú, Alvear, La Cruz, Santo Tomé y Virasoro, donde el delito rural aparece muchas veces vinculado a bandas delictivas de carácter transfronterizo. El problema no es nuevo -se arrastra desde hace décadas-, pero los productores aseguran que la falta de respuestas judiciales permitió que la situación se agrave y se expanda.

Desde el ruralismo correntino remarcan que no se trata de un déficit operativo de la Policía Rural, a la que destacan por sus patrullajes, controles y tareas preventivas, aun con recursos limitados. El verdadero cuello de botella, insisten, está en la judicialización de los hechos, que termina por desarticular los avances logrados en el territorio.

A este escenario se suma un reclamo estructural: la Ley Provincial 5691, sancionada en 2006, establece la creación de Fiscalías de Investigaciones Rurales y Ambientales, pero a casi 20 años de su aprobación, esas dependencias aún no funcionan en las zonas más críticas, como Paso de los Libres. Para los productores, esta ausencia explica en parte por qué los delitos rurales quedan relegados frente a otras prioridades del sistema judicial.

"Instamos a las autoridades correspondientes a verificar el accionar de quienes deben impartir justicia y a restablecer una coordinación efectiva entre la Justicia y las fuerzas de seguridad rurales", señalaron las entidades, que decidieron hacer público su malestar ante lo que describen como un verdadero "muro de indiferencia".

El mensaje final fue contundente: "La seguridad rural no puede estar a merced de la desidia ni de decisiones unilaterales que debilitan el estado de derecho". En una provincia donde la producción agropecuaria es motor económico y social, el reclamo ya dejó de ser sectorial y empieza a tomar dimensión política.