La emergencia hídrica que afecta al centro oeste de la provincia de Buenos Aires llegó al Ministerio de Economía. Un grupo de nueve intendentes bonaerenses -entre ellos los de Nueve de Julio, Carlos Casares, Bragado y Lincoln- elevó un pedido formal a Luis Caputo solicitando asistencia urgente y la reactivación de las obras del canal del Río Salado, paralizadas desde diciembre de 2023.

El reclamo fue presentado a través del Comité de la Subregión A3 de la Cuenca Hídrica del Río Salado, donde los jefes comunales alertaron por la "situación crítica" que atraviesa la región y exigieron una respuesta inmediata del Gobierno nacional. La nota, fechada el 22 de octubre, describe un escenario de "precipitaciones extraordinarias" que provocaron anegamientos generalizados, pérdidas en el agro y aislamiento rural.

Según datos de la estación meteorológica de Nueve de Julio, el acumulado interanual superó los 1800 milímetros, muy por encima del promedio histórico de 1050 mm. Esto generó daños severos en cultivos de granos, carne y leche, además de pérdidas estructurales en caminos rurales, escuelas y viviendas. Los intendentes advirtieron que los costos de reparación "superan ampliamente la capacidad presupuestaria de los municipios".

El pedido conjunto hace eje en el reinicio de la canalización del Río Salado, una de las obras hidráulicas más relevantes del país, actualmente detenida en su Tramo IV, Etapa II, de 33 kilómetros y con un dragado de casi 20 millones de metros cúbicos. La paralización, afirman, resulta "inexplicable" dado que la obra cuenta con financiamiento disponible del Fondo Hídrico.

El petitorio a Caputo incluye la aplicación inmediata de la Ley N° 26.509 de emergencia agropecuaria, que habilita exenciones fiscales y beneficios impositivos a los productores afectados. Además, solicitan una partida económica extraordinaria no reintegrable para obras hídricas y viales de emergencia -reparación de caminos, alcantarillado y limpieza de canales- que permitan restablecer la conectividad y la seguridad en las zonas rurales.

También reclaman la provisión de maquinaria pesada -motoniveladoras, excavadoras y camiones- y el uso efectivo del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, destinado a mitigar inundaciones en áreas productivas.

Los intendentes firmantes son María José Gentile (Nueve de Julio), Daniel Stadnik (Carlos Casares), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Pablo Zurro (Pehuajó), Sergio Barenghi (Bragado), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Esteban Acerbo (Daireaux), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Salvador Serenal (Lincoln).

"Confiamos en que el ministro comprenderá la gravedad de esta situación, que afecta directamente la vida y la economía de miles de familias argentinas", señalaron en el documento.

Mientras tanto, el Gobierno nacional -a través de los ministerios de Seguridad, Defensa y Vialidad Nacional- anunció el envío de equipos viales, camiones y maquinaria pesada para la limpieza de zanjas y caminos rurales, y la instalación de puentes provisorios. La ministra Patricia Bullrich adelantó que visitará las zonas más afectadas y se reunirá con intendentes y productores en la Sociedad Rural de 9 de Julio.

El conflicto, sin embargo, tiene un componente político. Desde la Casa Rosada apuntaron contra la administración provincial de Axel Kicillof por "falta de coordinación y desorden en la respuesta", mientras que los intendentes sostienen que la prioridad debe ser restablecer la producción y la conectividad, más allá de las diferencias partidarias.