La Justicia federal ordenó ponerle fin a la intervención del Gobierno nacional en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), que se extendía desde hacía más de un año. La decisión fue celebrada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que cuestionó con dureza al Ejecutivo por las consecuencias de la medida sobre la salud de miles de afiliados.

El fallo fue dictado por el Sebastián Casanello, quien ordenó la inmediata restitución del directorio legítimo de la obra social y dejó sin efecto la intervención dispuesta durante el gobierno de Javier Milei.

Desde el sindicato señalaron que la resolución revierte la intervención ordenada en octubre de 2024 por el juez Villena -actualmente investigado por presunto prevaricato- y remarcaron que la medida original se adoptó "en un contexto de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial", tal como había sido advertido por los fiscales que intervinieron en la causa.

Durante los 15 meses de intervención, el interventor designado por decreto presidencial, Marcelo Petroni, fue objeto de múltiples denuncias por parte de la UATRE. Entre las principales irregularidades denunciadas se mencionaron la duplicación de la estructura administrativa, nombramientos sin idoneidad en áreas sensibles de salud, pagos por prestaciones inexistentes y una reducción drástica del gasto en atención médica.

Según el gremio, estas decisiones derivaron en interrupciones en la provisión de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, con consecuencias "devastadoras" para los afiliados. Hasta diciembre de 2025, se contabilizaron 476 acciones de amparo por falta de cobertura, muchas de ellas incumplidas, además de tres causas penales por abandono de persona seguido de muerte.

En ese marco, el sindicato conducido por José Voytenco sostuvo que el fallo judicial dejó en claro que la hipótesis que dio origen a la intervención es hoy "prácticamente nula", por lo que no existen fundamentos para sostener el desplazamiento de las autoridades electas.

"Hoy la OSPRERA retorna a la gestión de las autoridades legítimas, tras más de un año de conflictividad institucional y perjuicios irreparables para los afiliados", afirmó la UATRE, que ratificó su compromiso con la libertad sindical, la transparencia y la prioridad absoluta en la salud de los trabajadores rurales y estibadores.

El comunicado cerró con una advertencia que anticipa que el vínculo con el Ejecutivo seguirá siendo tenso. "No sabemos en qué estado será devuelta la obra social. No será fácil ni inmediato, pero vamos a trabajar por una OSPRERA digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales", concluyeron.