La UATRE le marca la cancha a Milei y advierte sobre una reforma "sin mirada rural"
En pleno debate por la reforma laboral, el gremio rural salió a marcar límites. Desde la UATRE advirtieron que modernizar la Ley de Trabajo Agrario sin entender la realidad del campo puede profundizar la informalidad y afectar derechos históricos.
"Lo viejo sirve, Javier". Con esa frase directa, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, salió al cruce del presidente Javier Milei por los cambios propuestos en la Ley de Trabajo Agrario, en el marco de la discusión legislativa sobre la Ley de Contrato de Trabajo. La advertencia no fue solo política: apuntó a las condiciones concretas del empleo rural y a los riesgos de aplicar reglas pensadas para la ciudad en un sector con dinámicas propias.
En una carta pública, Voytenco reconoció que la Ley 26.727, vigente desde 2011, puede y debe actualizarse, pero remarcó que eso no implica desnaturalizar sus principios básicos. "Toda normativa necesita ajustes con el paso del tiempo, pero los fundamentos deben permanecer vigentes", sostuvo, al tiempo que cuestionó que se avance en reformas sin contemplar las singularidades del trabajo en el campo.
Uno de los ejes centrales del planteo fue la registración laboral. Desde la UATRE señalaron que no alcanza con flexibilizar normas si no se reconoce que en la ruralidad persisten la marginalidad laboral, la escasa presencia del Estado y la falta de conectividad. En ese escenario, alertaron sobre una "cifra negra" de empleo no registrado que podría ampliarse si se liberalizan las modalidades de contratación sin controles efectivos. Incluso, la carta menciona problemáticas más graves como el trabajo infantil prohibido y la trata de personas con fines de explotación laboral.
Otro punto crítico fue la propuesta de extender el período de prueba a ocho meses. Para el gremio, esa medida podría cubrir toda una faena estacional, habilitando contrataciones y despidos bajo la figura de prueba para tareas puntuales. Además, Voytenco puso el foco en el impacto social: el arraigo rural, la escolaridad de los chicos y la situación de los adultos mayores dependen de vínculos laborales más estables.
La tercerización también apareció como un tema sensible. Según el titular de la UATRE, en el campo argentino es habitual que no existan registros formales de contratistas o arrendamientos de servicios. Por eso, cuestionó que la reforma tienda a relativizar la responsabilidad solidaria, reduciendo la protección del trabajador. "Así como el peón no cobra más por una cosecha extraordinaria, tampoco debe cargar con las pérdidas", afirmó, rechazando que estos criterios se conviertan en regla general.
Desde el otro lado del mostrador, la Sociedad Rural Argentina también fijó posición. La entidad presidida por Nicolás Pino reclamó que la Ley de Trabajo Agrario no quede afuera del proceso de modernización laboral. Según la SRA, una reforma integral debería reducir la informalidad, ampliar derechos y bajar costos, alineando al agro con una visión de largo plazo.
El cruce deja en claro que la discusión va más allá de lo jurídico. Está en juego el modelo de empleo rural, el equilibrio entre competitividad y derechos, y el rol del campo en una Argentina que busca crecer. Modernizar, sí; pero sin desconocer la realidad del interior, parece ser el mensaje que baja desde la ruralidad al corazón del poder político.
