La Mesa de Enlace podría presentar esta semana en Expoagro una propuesta de nueva ley de semillas al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que plantea permitir el uso propio de semillas como soja y trigo pero con un esquema de pago limitado y beneficios para productores de hasta 500 hectáreas. El debate vuelve a escena en un momento clave para la inversión tecnológica del agro argentino.

El tema será parte de la reunión que las entidades rurales mantendrán con el Gobierno durante la exposición agroindustrial. Allí, los dirigentes del campo buscarán avanzar en infraestructura, financiamiento y el futuro del INTA, pero uno de los puntos que genera mayor expectativa es el nuevo esquema para reconocer la propiedad intelectual en semillas, una discusión que atraviesa al sector desde hace años.

La iniciativa que analiza la dirigencia rural busca actualizar la actual ley de semillas vigente desde 1973, un marco normativo que quedó desactualizado frente a los avances en genética vegetal y al esquema que adoptaron otros países agrícolas de la región.

El borrador que se viene trabajando dentro de la Mesa de Enlace -integrada por Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro- plantea un sistema mixto que combina uso propio gratuito y uso propio pago, intentando equilibrar los intereses de los productores y de la industria semillera.

En términos concretos, la propuesta permitiría que el productor guarde y vuelva a sembrar la semilla adquirida legalmente, algo habitual en cultivos autógamos como la soja o el trigo. Sin embargo, establece que por hasta tres multiplicaciones se deberá pagar una retribución al obtentor de la variedad, es decir, a la empresa o institución que desarrolló esa genética.

Ese valor se acordaría al momento de comprar la bolsa de semilla fiscalizada y quedaría fijado desde el inicio, sin fórmulas variables posteriores, un punto que el ruralismo considera clave para darle previsibilidad al productor.

Además, el esquema contempla otra opción: pagar desde el comienzo el total correspondiente a esas tres multiplicaciones y así quedar liberado de cualquier pago futuro por el uso propio de esa semilla.

Uno de los aspectos más sensibles del borrador apunta a proteger a los productores de menor escala. Según la propuesta, quienes siembren hasta 500 hectáreas con semilla fiscalizada mantendrán el derecho al uso propio gratuito sobre esa superficie inicial durante tres campañas.

El mecanismo también prevé un esquema incremental. Si un productor compra semilla para una determinada superficie pero luego, mediante multiplicación, termina sembrando una superficie mayor, solo la superficie original conservará el beneficio de gratuidad.

Por ejemplo, si se adquiere semilla para 100 hectáreas pero luego se multiplica y se siembran 500, las primeras 100 hectáreas mantendrán el uso propio gratuito mientras que las 400 hectáreas adicionales deberán pagar un canon por uso incremental.

El debate sobre la ley de semillas volvió a tomar fuerza en los últimos meses tras las señales del gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de fortalecer el reconocimiento a la innovación tecnológica en el agro.

En la apertura de sesiones del Congreso, el Presidente habló de avanzar hacia "un régimen de derecho de propiedad para los innovadores en semillas", algo que dentro del sector fue interpretado como un posible avance hacia el convenio internacional UPOV 91, que amplía la protección de propiedad intelectual para las empresas semilleras.

La industria sostiene desde hace años que la falta de reconocimiento adecuado a la innovación limita la inversión en genética, un factor clave para mejorar la productividad. De hecho, muchos analistas del sector suelen comparar el caso argentino con Brasil, donde el desarrollo tecnológico permitió avances significativos en los rendimientos de soja.

Sin embargo, dentro del ruralismo hay posiciones más cautelosas. Muchos dirigentes consideran que Argentina debería mantener el esquema UPOV 78, que también reconoce la propiedad intelectual pero preserva con mayor claridad el derecho al uso propio del productor.

Por ahora, la propuesta que circula dentro de la Mesa de Enlace todavía no cuenta con el consenso definitivo de todas las entidades, especialmente de Coninagro, que además de representar productores tiene vínculos con la industria semillera a través de cooperativas.

Por eso, dentro del sector aún no está confirmado si el borrador será presentado formalmente al Gobierno durante el encuentro en Expoagro o si el debate continuará puertas adentro de las entidades.

Lo que sí está claro es que la discusión por la ley de semillas volvió al centro de la agenda del agro argentino, en un contexto donde la productividad, la innovación y las reglas del juego para la biotecnología se vuelven cada vez más determinantes para competir en el mercado global de alimentos.