El proyecto de Ley Fiscal 2026 que el gobierno de Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense generó un inmediato rechazo del sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que la iniciativa otorga al Ejecutivo potestades "centrales y discrecionales" sobre el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), lo que -según la entidad- abre un escenario de "inseguridad normativa" y afecta de lleno la previsibilidad del productor.

El núcleo de la preocupación está en dos artículos. El Artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones rurales sin criterios consensuados, sin hoja de ruta para el revalúo y sin instancias formales de consulta con instituciones y productores. A esto se suma el Artículo 167, que le permite al gobierno modificar cuotas no vencidas dentro del mismo ejercicio fiscal, una medida que la Rural considera lesiva para la planificación financiera de los establecimientos.

La entidad que preside Nicolás Pino alertó además que el esquema de bonificaciones queda con definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley, dejando margen para ajustes imprevistos. "La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa", señaló la SRA en un comunicado, reclamando que los criterios, límites y alcances del tributo queden definidos por ley y no por decisiones administrativas.

Las críticas llegan en un contexto climático y productivo muy delicado. Carbap denunció días atrás el cobro de un adicional del 25% en el Inmobiliario Rural -la llamada "quinta cuota"- mientras 5,8 millones de hectáreas en la provincia están inundadas, anegadas o afectadas. Según la entidad, 1,5 millones de hectáreas podrían quedar improductivas, con pérdidas de ingresos estimadas en US$ 2000 millones, justo cuando debería avanzar la siembra de soja y maíz.

La SRA recordó que, mientras se discute la ley, miles de hectáreas están bajo agua y la provincia debería estar enfocada en obras de infraestructura -en particular, las del río Salado- y en un alivio impositivo para zonas declaradas en emergencia y desastre agropecuario. "Los productores venimos haciendo frente a un alto tributo, con adicionales extraordinarios desde 2023. Necesitamos un sistema tributario transparente y estable, sin sorpresas", expresó la entidad.

La discusión recién comienza en la Legislatura, pero el mensaje del campo es claro: no avalarán una ley que delegue facultades clave al Ejecutivo y que, en un momento crítico, sume incertidumbre a la ecuación productiva bonaerense.