Ley de Semillas: Apronor denuncia que la reforma elevará los costos del productor
Apronor volvió a rechazar la reforma impulsada por el Gobierno y alertó que limitar el uso propio elevaría costos y afectaría la rentabilidad.
La Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) volvió a manifestar esta semana su rechazo a la reforma de la Ley de Semillas que impulsa el Gobierno nacional y cuestionó una eventual adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91. A través de una campaña difundida en redes sociales, la entidad aseguró que la iniciativa pondría en riesgo el derecho al uso propio de las semillas, incrementaría los costos de producción y favorecería la concentración del mercado en manos de las grandes empresas semilleras. El planteo cobra relevancia porque reabre uno de los debates más sensibles para la competitividad del agro argentino y el futuro de la propiedad intelectual en el sector.
Desde Apronor sostienen que la reforma no representa una modernización del sistema, sino una transferencia directa de recursos desde los productores hacia las compañías obtentoras de semillas. En un video institucional difundido durante los últimos días, la entidad afirmó que el objetivo de la adhesión a UPOV 91 es restringir el derecho al uso propio, una práctica que hoy permite a los agricultores reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar nuevas regalías. "Quieren que el uso propio, un derecho histórico que garantiza nuestra resiliencia en el Norte, se convierta en un costo impagable", señalaron desde la organización, que agrupa a productores del NOA y mantiene esta posición desde hace varios meses.
Actualmente, la legislación argentina se basa en UPOV 78, un esquema que reconoce el derecho de los productores a reutilizar semillas obtenidas de su propia cosecha. La posible adhesión a UPOV 91 fortalecería los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales y establecería mayores controles y restricciones sobre esa práctica. Quienes impulsan el cambio sostienen que permitirá atraer inversiones, incentivar la innovación genética y alinear la normativa argentina con los principales mercados internacionales. Sin embargo, Apronor considera que esos beneficios no llegarán al productor y que el nuevo sistema incrementará los costos productivos en un contexto ya complejo para la rentabilidad del sector.
La entidad también advirtió que detrás del proyecto existe una creciente concentración económica. Según expresó, el nuevo esquema facilitaría un sistema más estricto de cobro de regalías que trasladaría mayores costos a los productores y consolidaría el poder de las grandes compañías semilleras. "Los semilleros buscan monopolizar el mercado y el Estado recaudar", afirmó Apronor, al tiempo que alertó sobre una posible "cartelización de un insumo estratégico" para la producción agropecuaria. Para la asociación, el debate no puede limitarse únicamente a la protección de la propiedad intelectual, sino que debe contemplar el impacto económico que tendría sobre miles de establecimientos productivos.
Desde Apronor remarcan que los productores del norte argentino llegan a esta discusión con una carga estructural mucho más pesada que otras regiones del país. Los elevados costos logísticos, los derechos de exportación y las mayores distancias hacia los puertos reducen significativamente la competitividad del NOA. "Ya cargamos con fletes altos y DEXs asfixiantes. No podemos permitir que también se apropien de nuestra libertad de siembra", expresaron desde la entidad. Al mismo tiempo, aclararon que no rechazan la innovación tecnológica, sino que consideran que cualquier actualización normativa debe preservar el derecho al uso propio y evitar una pérdida de autonomía económica para quienes producen.
Con este nuevo pronunciamiento, Apronor busca reinstalar un debate que promete ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria durante los próximos meses. Mientras el Gobierno y distintos actores de la industria defienden la necesidad de actualizar la legislación para incentivar la inversión en genética, una parte importante de los productores advierte que cualquier reforma deberá encontrar un equilibrio entre innovación, competitividad y la preservación de derechos considerados históricos dentro del sistema productivo argentino.
