La ley de semillas volvió al centro de la agenda agropecuaria el 8 de abril de 2026, cuando entidades rurales rechazaron formalmente la adhesión a UPOV 91 durante un encuentro con legisladores, y presentaron una propuesta alternativa para modificar la legislación vigente. La discusión involucra a productores, industria semillera y el Congreso, y es clave porque define reglas sobre el uso propio, la innovación y la rentabilidad del agro argentino.

El debate se dio en una reunión organizada por la Fundación Barbechando, con la participación de 17 diputados y representantes de toda la cadena agroindustrial, en un intento por acercar posiciones en torno a una normativa que lleva años sin actualizarse.

Las entidades que representan a los productores, entre ellas CREA, CRA, Aapresid y la Mesa de Enlace, expresaron su rechazo a una adhesión directa a UPOV 91. En su lugar, propusieron modificar la Ley 20.247, poniendo el foco en el artículo 27, que regula el uso propio de semillas.

Según plantearon, cualquier cambio debe contemplar el equilibrio entre los derechos de los obtentores y los productores, además de ir acompañado por medidas que mejoren la competitividad, como la reducción de retenciones y de la presión impositiva.

Del otro lado, la industria semillera defendió la adhesión a UPOV 91 al considerar que se trata de una herramienta clave para fomentar la innovación, proteger la propiedad intelectual y atraer inversiones en biotecnología. En este sentido, remarcaron la necesidad de contar con un marco legal claro, moderno y previsible.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el control del uso propio de semillas, una práctica extendida en el campo argentino, especialmente en sistemas de siembra directa, donde los productores reutilizan parte de su producción para nuevas campañas. Este aspecto genera tensiones entre quienes promueven mayores controles y quienes defienden la autonomía productiva.

Desde el ámbito académico, especialistas en propiedad intelectual advirtieron que la actualización de la normativa es necesaria, pero remarcaron que el proceso debe contemplar las particularidades del sistema productivo argentino y su impacto en la cadena de valor.

Más allá de las diferencias, desde la Fundación Barbechando destacaron que existe un consenso general: la necesidad de avanzar hacia una ley de semillas moderna que promueva la innovación sin comprometer la sustentabilidad económica del productor.

Para el Congreso construir una norma que equilibre intereses en un escenario donde la tecnificación, la genética y la innovación son claves para mejorar rindes y competitividad, pero donde también pesa la realidad económica del productor, atravesada por costos crecientes de insumos y restricciones financieras.

La discusión sobre la ley de semillas no es menor: impacta directamente en la seguridad alimentaria, la productividad y el desarrollo de los agronegocios en la Argentina. Su resolución marcará el rumbo del sector en los próximos años.