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Ley de Tierras: nuevo revés en el Senado y crece la tensión en el campo

El oficialismo volvió a quedarse sin votos para reformar la Ley de Tierras y reavivó el debate sobre soberanía, inversiones y el futuro del agro.

Rodrigo Castañeda
Periodista especializado en agroindustria y mercados. Cubre comercio, políticas públicas y tendencias del sector agropecuario, con enfoque técnico y sostenible.

El Senado de la Nación volvió a fracasar este jueves en su intento de avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el oficialismo admitiera que no contaba con los votos necesarios para debatir y aprobar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa buscaba flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, un tema de fuerte impacto económico y político para el agro argentino, ya que pone en discusión cuestiones vinculadas con la soberanía, la seguridad nacional, las inversiones y el desarrollo territorial.

El nuevo revés parlamentario volvió a exponer las dificultades del Gobierno para construir consensos en torno a una iniciativa que genera resistencias incluso dentro de sectores aliados. La propuesta pretende modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011, eliminando los límites actuales a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y transfiriendo la potestad de control a las provincias o al Poder Ejecutivo nacional. Ante la falta de respaldo político, el oficialismo decidió postergar el debate y apuntar ahora a una nueva instancia legislativa prevista para el próximo 6 de agosto.

Federación Agraria alertó por la soberanía y el riesgo de concentración

La posibilidad de una reforma volvió a encender las alarmas en el sector agropecuario. Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su "profunda preocupación" y rechazó de manera contundente cualquier modificación que flexibilice el acceso de extranjeros a la tierra argentina. La entidad, presidida por Andrea Sarnari, sostuvo que avanzar en este sentido significaría un retroceso en materia de soberanía nacional y pondría en riesgo la seguridad estratégica del país.

"Eliminar estos límites abriría las puertas a una mayor concentración de tierras y a una delegación de soberanía que nos preocupa profundamente", señalaron desde la entidad mediante un comunicado. Además, advirtieron que el proyecto también permitiría la adquisición de campos ubicados en zonas fronterizas y reduciría las restricciones vinculadas a tierras con cuerpos de agua, aspectos considerados sensibles desde el punto de vista geopolítico y ambiental.

Desde FAA recordaron que la normativa vigente fue impulsada precisamente para evitar que grandes capitales internacionales pudieran desplazar a productores nacionales y afectar el arraigo rural. Para la entidad, la tierra constituye un recurso estratégico y no solo un activo económico, especialmente en un contexto global donde los recursos naturales y la seguridad alimentaria adquieren un valor creciente.

El debate también tiene un fuerte componente económico. Quienes impulsan la reforma sostienen que una mayor apertura podría atraer inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y favorecer proyectos productivos de gran escala. Sin embargo, los sectores críticos consideran que ello podría derivar en una mayor concentración de la propiedad, pérdida de control sobre recursos estratégicos y un incremento de las asimetrías dentro del agro argentino.

La discusión, además, se produce en un escenario regional en el que varios países revisan sus políticas de acceso a recursos naturales y tierras productivas. En un contexto de creciente demanda global de alimentos, agua y minerales, la propiedad de la tierra se transformó en un activo geopolítico de primer orden, lo que explica la intensidad del debate en la Argentina.

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