Mendoza se planta ante la reforma del vino y alerta por el futuro de su producción
El sector vitivinícola rechazó los cambios que impulsa el Gobierno y advierte que podrían afectar la trazabilidad, el empleo y el desarrollo regional.
La industria vitivinícola de Mendoza salió este martes a rechazar el paquete de modificaciones que el Gobierno nacional busca introducir en la Ley General de Vinos, al considerar que pone en riesgo la identidad productiva, la trazabilidad y el desarrollo económico de una de las principales economías regionales del país. Funcionarios provinciales, bodegueros, enólogos y entidades del sector coincidieron en que las iniciativas, que incluyen cambios en el fraccionamiento en origen y la fiscalización, podrían afectar la competitividad de más de 800 bodegas y miles de productores, además de comprometer el valor agregado que distingue al vino argentino en los mercados.
Las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, contemplan cambios en la Ley General de Vinos N.º 14.878 y en la Ley Nacional de Alcoholes. Entre los puntos que más inquietan al sector aparecen la posibilidad de permitir un fraccionamiento fuera de las zonas de producción, flexibilizar los controles durante el proceso de elaboración, reducir las tareas de fiscalización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y habilitar mezclas de vinos nacionales con productos importados. Para los referentes de la actividad, estas medidas podrían afectar la calidad, la certificación de origen y la competitividad de las pequeñas y medianas bodegas.
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, fue una de las voces más críticas y sostuvo que la reforma pone en riesgo un modelo productivo construido durante décadas. "La vitivinicultura no es un negocio más, es una forma de vida", afirmó el funcionario, al defender el sistema de indicaciones geográficas, el fraccionamiento en origen y la trazabilidad, elementos que permiten diferenciar cada región vitivinícola. Según explicó, un vino elaborado en Luján de Cuyo, Cafayate, Los Chacayes o Lavalle posee características propias que constituyen un patrimonio productivo y turístico que no puede perderse bajo un esquema uniforme de desregulación.
Además, Vargas Arizu cuestionó la posibilidad de que el vino sea tratado como un producto indiferenciado. "Se desestiman las regiones, que son fundamentales para la industria", remarcó, y adelantó que el Ejecutivo provincial trabajará junto a los legisladores nacionales para impedir el avance de las modificaciones. En Mendoza sostienen que el modelo actual no solo protege la calidad del producto, sino que también fortalece el desarrollo territorial, la generación de empleo y el crecimiento del turismo enológico, uno de los motores económicos de la provincia.
La preocupación también alcanza a la posible disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo encargado de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola. Aunque la eliminación de los aportes obligatorios genera opiniones divididas dentro de la industria, la mayoría de las entidades considera que avanzar mediante cambios legislativos podría debilitar la planificación de largo plazo del sector. El presidente de Coviar, Fabián Ruggeri, fue categórico: "Es una ley nociva. Van a mezclar vino importado con el nuestro. Los sobrestocks del mundo van a venir a parar acá y la trazabilidad dejará de ser una garantía para el consumidor", advirtió.
La vitivinicultura representa cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, reúne a más de 800 bodegas, involucra a unos 20.000 productores y explica más del 70% de la producción de vino de la Argentina. A ese peso económico se suma el crecimiento sostenido del enoturismo, que cada año atrae a más de dos millones de visitantes interesados en recorrer bodegas y conocer el proceso de elaboración. Para los referentes del sector, cualquier modificación que afecte la identidad del vino también impactará sobre una actividad que genera empleo, inversiones y divisas en toda la cadena productiva.
El debate recién comienza, pero en Mendoza ya fijaron una posición clara. La provincia considera que la discusión no se limita a una reforma normativa, sino que involucra la defensa de una actividad emblemática para la economía argentina. Mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda de desregulación, el sector vitivinícola se prepara para una disputa política y técnica en la que asegura que está en juego mucho más que una ley: la identidad del vino argentino y el futuro de una de las economías regionales más importantes del país.
