En un país donde la presión fiscal sobre el agro suele moverse como un péndulo, la foto de estos días muestra realidades que parecieran de provincias diferentes. Mientras en Buenos Aires avanza un esquema de aumentos que productores califican como "desorbitantes", la provincia de Córdoba tomó el camino opuesto y anunció la creación del Registro Provincial de Propietario Productor, que permitirá a quienes acrediten que trabajan sus propias tierras acceder a un descuento del 5% en el Impuesto Inmobiliario Rural. La medida, impulsada por el Ministerio de Bioagroindustria, apunta a fortalecer el arraigo, mejorar la focalización del gasto público y promover inversiones de largo plazo en actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas y frutícolas.

El nuevo registro permitirá identificar con precisión qué porcentaje de la producción cordobesa proviene de establecimientos trabajados por propietarios directos y cuál por arrendatarios. Esta distinción no es menor: según el Censo Agropecuario 2018, solo el 30% de los campos son operados por sus dueños, mientras que el 70% restante pertenece a esquemas de alquiler. Aunque el arrendamiento es eficiente para muchas explotaciones, desde el Ministerio remarcan que las inversiones estratégicas -riego, manejo hídrico, conservación de suelos, forestación- requieren continuidad y horizontes estables que suelen consolidarse más fácilmente cuando el propietario está involucrado en la producción.

El beneficio fiscal se suma a otros incentivos ya vigentes: 30% de descuento para Contribuyentes Cumplidores y 5% adicional por validar Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). En conjunto, un productor que cumpla todas las condiciones podrá acceder a hasta un 40% de reducción en el tributo rural, un esquema que contrasta con la presión creciente que enfrentan los productores bonaerenses y que refuerza la sensación de que el mapa fiscal argentino ya no responde a una única lógica.

La inscripción al registro estará habilitada hasta el 19 de diciembre a través de Ciudadano Digital, donde cada productor deberá cargar una declaración jurada respaldada por documentación oficial. Los agricultores deberán presentar la información del SISA, indicando si el establecimiento es propio o arrendado; mientras que ganaderos, hortícolas y frutícolas tendrán que adjuntar su número de RENSPA con la misma aclaración. Las personas jurídicas también podrán inscribirse, siempre que alguno de los socios sea dueño registral del inmueble, y deberán acreditar esa condición en la plataforma.

Desde la cartera que conduce Sergio Busso destacan que el sistema permitirá construir políticas públicas basadas en información confiable, ordenar la relación entre los actores del sector y transparentar el uso de fondos destinados al desarrollo rural. En un contexto donde el agro reclama previsibilidad, menor carga fiscal y reglas claras para invertir, Córdoba apuesta a reconocer a quienes producen directamente en sus establecimientos y sostienen la vida económica y social del interior.

La decisión provincial llega en un momento especialmente sensible: con una campaña que exige precisión y un escenario impositivo nacional marcado por tensiones, la brecha entre jurisdicciones se vuelve más evidente. Para los productores, la sensación es clara: mientras en Buenos Aires se ajusta, en Córdoba se alivia. Y ese contraste -a la hora de sembrar, invertir y proyectar- pesa más que nunca.