Milei borra el último vestigio del fideicomiso triguero y acelera la desregulación
El Gobierno eliminó 19 normas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y profundizó su política de simplificación regulatoria.
El Gobierno nacional derogó este 10 de junio de 2026 todo el entramado normativo que sostenía al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), una herramienta creada durante la gestión de Alberto Fernández para subsidiar el precio de la harina. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei a través de la Secretaría de Industria y Comercio, elimina 19 resoluciones vinculadas al esquema y busca consolidar un proceso de desregulación que, según el Ejecutivo, aportará mayor seguridad jurídica y eficiencia económica.
A través de la Resolución 12/2026, el Gobierno avanzó en la eliminación formal de todas las normas que daban sustento al fideicomiso triguero, un mecanismo que había sido creado en 2022 para amortiguar el impacto del aumento internacional del trigo sobre el precio de la harina y sus derivados.
Aunque el fondo había dejado de funcionar tras la liquidación dispuesta por el Ministerio de Economía en marzo de 2024, todavía permanecía vigente una compleja estructura regulatoria construida alrededor de su operatoria.
Con esta decisión, la administración libertaria termina de desmontar una de las herramientas de intervención más emblemáticas implementadas durante la gestión anterior para contener los precios internos de los alimentos.
La resolución lleva la firma del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y forma parte del proceso de revisión normativa que impulsa el Gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la permanencia de estas regulaciones generaba una situación de inseguridad jurídica, al mantener vigentes instrumentos que habían perdido su razón de ser luego de la desaparición efectiva del fideicomiso. En los fundamentos de la norma se señala que, tras la revocación del contrato y la liquidación del fondo, toda la reglamentación complementaria quedó "carente de objeto y de sustento legal".
La decisión también representa una señal política hacia el mercado, ya que reafirma la estrategia oficial de reducir la intervención estatal en la formación de precios y avanzar hacia un esquema de mayor libertad económica.
El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino fue creado en abril de 2022 mediante la Resolución 355, durante la presidencia de Alberto Fernández. Su objetivo era contener el impacto que había provocado en los mercados internacionales el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que impulsó una fuerte suba en el valor global de los granos.
La herramienta establecía mecanismos de compensación para los molinos harineros con el fin de mantener precios de referencia subsidiados para distintas categorías de harina y semolín destinadas al mercado interno. Durante su vigencia, el fideicomiso fue objeto de críticas por parte de distintos actores de la cadena agroindustrial, quienes cuestionaban tanto su efectividad como su impacto sobre la transparencia del mercado.
Desde la administración nacional argumentan que la eliminación de las normas responde a la necesidad de construir un marco regulatorio más claro y eficiente. El texto publicado en el Boletín Oficial sostiene que la proliferación de resoluciones y modificaciones generó una estructura burocrática compleja que dificultaba la operatoria del sector privado.
Por ese motivo, el Gobierno considera que la depuración normativa permitirá concentrar esfuerzos en regulaciones consideradas prioritarias y mejorar la calidad institucional del sistema. Para las empresas vinculadas a la cadena triguera, la medida también representa el cierre definitivo de un capítulo regulatorio que durante años condicionó parte de la dinámica comercial del sector.
La eliminación del último vestigio legal del fideicomiso triguero se suma a una serie de decisiones orientadas a reducir mecanismos de intervención económica heredados de administraciones anteriores. En línea con la visión del presidente Javier Milei, el Gobierno busca avanzar hacia mercados más abiertos, con menor participación estatal y reglas consideradas más previsibles para la inversión privada.
Para el sector agroindustrial, la medida tiene un valor simbólico y económico. Simbólico porque marca el final de uno de los instrumentos más discutidos de los últimos años. Económico porque refuerza un proceso de simplificación normativa que, según el Ejecutivo, podría contribuir a mejorar el clima de negocios y la competitividad de la cadena de valor del trigo argentino.
